Un desafío detrás de un nombre

A menudo los desafíos empiezan por una simple cuestión de formas. La región peruana de Puno, ubicada en el límite con Bolivia, ha decidido cambiar de nombre... y mucho más. La mayoría de los miembros de su Consejo Regional aprobó la semana pasada que Puno pase a llamarse Región Federal Autónoma Quechua Aymara. Así figurará en todos los documentos oficiales de la región, y el Consejo Regional pasará a llamarse Parlamento Regional Federal de Quechuas y Aymaras. Es el más reciente desafío proveniente de una de las regiones más pobres y conflictivas de Perú, gobernada, además, por un presidente regional, Hernán Fuentes, que ha expresado en más una ocasión su simpatía por personajes como Hugo Chávez y Evo Morales.

Seis consejeros regionales de un total de 12 votaron a favor del cambio de nombre, que curiosamente fue propuesto por un representante del Apra, el partido del presidente Alan García. Los cuatro que se opusieron argumentaron que la norma, que entra en claro conflicto con la Constitución peruana, que define al Estado peruano como "uno e indivisible", sólo era una nueva maniobra de distracción de Hernán Fuentes. Los dos restantes se abstuvieron en la votación.

En Lima la decisión ha sido rechazada y no se descarta la posibilidad de denunciar al presidente regional por alterar el orden constitucional. Perú está dividido en 25 regiones que, aunque cuentan con cierta autonomía, no llegan al nivel de Estados federales. "Los Gobiernos regionales no pueden dictar normas que se encuentren en contradicción con los intereses nacionales ni pueden ejercer una competencia que no les corresponde", señaló la parlamentaria Rosa Florián, presidenta de la comisión de descentralización del Congreso.

Fuentes se ha apresurado en aclarar que el cambio de nombre no implica una secesión. "Aquí sentimos con mayor patriotismo la identidad de nuestros colores peruanos, no hay en absoluto ninguna voluntad separatista ni divisionista", declaró a la cadena de radio RPP, y sostuvo que el cambio pretende cambiar el sistema republicano, "que es herencia de la colonia española".

Sus críticos, obviamente, no le creen. "Es un pedido que busca distraer a la población frente a la ausencia de programas de desarrollo para Puno por parte del Gobierno regional", critica Alberto Quintanilla, del opositor Partido Democrático Regional. En Puno viven 1,2 millones de personas, casi el 80% de la población es pobre y cerca del 50%, extremadamente pobre, según cifras oficiales. Ambos índices están entre los más altos de Perú. Es también una de las zonas con más conflictos sociales del país. Sólo en diciembre de 2008 se registraron 14 en esa región, de acuerdo con un informe periódico que prepara la Defensoría del Pueblo.

"Es un error del presidente regional de Puno que no ayuda a su pueblo y no lo ayuda a él en modo alguno", se limitó a decir Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros. Aunque Fuentes asegura que la decisión es respaldada por la población, lo cierto es que, inmediatamente después de aprobar el cambio de nombre, los consejeros regionales acordaron crear una comisión que tendrá la misión de corregir errores en la norma y hacerla conocida entre los puneños.