¿De qué paz habla Guatemala?

Dos semanas después de que el Gobierno de Guatemala celebrara a bombo y platillo el 12º aniversario de la firma de la paz que puso fin a una guerra civil de 36 años, el presidente del país, Álvaro Colom, se ha visto obligado a remodelar su Gabinete con la destitución del hasta ahora ministro del Interior, Francisco Jiménez, quien cierra su gestión con números rojos. De acuerdo a cifras proporcionadas a EL PAÍS por el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Donald González, a lo largo de 2008 se registraron 6.200 homicidios, lo que significa un promedio de 17 muertes violentas cada día.

"Ésta es la cruda realidad que tenemos que enfrentar los guatemaltecos", resumía, en conferencia de prensa el 30 de diciembre el director adjunto de la PNC, Rember Larios. Por su parte, Rodolfo Quezada Toruño, arzobispo primado de Guatemala y uno de los hombres que cimentaron la firma de la paz entre el Ejército y la guerrilla, se pregunta: "¿De qué paz estamos hablando?". El prelado hace así alusión a que la media diaria de asesinatos supera ya el número de muertes que se producían durante la época del conflicto armado. Y clama por retomar la vía del diálogo: "Lo que no debemos olvidar es que el mejor camino para resolver los problemas es el diálogo, aunque a veces no lo parezca. De hecho, todas las dificultades terminan en una mesa".

Ningún sector guatemalteco escapa de una violencia que ha desbordado ampliamente a las autoridades. Las mujeres y los niños han sido las principales víctimas. De acuerdo a organizaciones humanitarias, hasta el 15 de noviembre se habían registrado más de 600 casos de mujeres asesinadas. De estos feminicidios, 382 ocurrieron en la Ciudad de Guatemala y en las ciudades dormitorio que rodean la capital de este país centroamericano.

Según cifras todavía provisionales de la Procuraduría de Menores de la Oficina del Defensor del Pueblo, a lo largo de 2008 fueron asesinados 417 niños y adolescentes; 87 de ellos eran niñas. Hasta hora, las autoridades se han mostrado incapaces de llevar a cabo investigaciones eficaces y de aportar las pruebas necesarias para llevar a los responsables ante los tribunales.

De la extrema debilidad del Estado hablan, asimismo, las cifras. Sólo 382 personas han sido detenidas bajo acusación de homicidio. Las estadísticas del organismo judicial indican que sólo un 2% de los criminales llega a juicio y que más del 95% sale absuelto por falta de pruebas que conlleven algún tipo de condena.

No obstante, el presidente Colom presentó como éxitos incuestionables del Ministerio del Interior a lo largo de 2008 la liberación de 173 personas secuestradas, la detención de 53 integrantes de bandas dedicadas al secuestro y la desarticulación de cuatro grupos también de secuestradores.

El dimisionario ministro Jiménez, que pasará a dirigir la secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad, será sustituido por Salvador Gándara, que ya ocupó esta misma cartera durante el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000).

La labor de Gándara se augura particularmente difícil, con un cuerpo de policía abiertamente infiltrado por el narcotráfico y el crimen organizado. Según cifras oficiales, sólo durante el año recién terminado 68 agentes de los 22.000 que integran la policía guatemalteca se encuentran suspendidos y bajo investigación por corrupción.

A lo anterior se suma la difícil situación económica del país. Fuentes empresariales estiman que 75 de cada 100 guatemaltecos en edad de trabajar sobreviven gracias a la economía sumergida; es decir, unos 4,99 millones, según el censo de 2007.

Este extremo se agrava con las deportaciones masivas desde Estados Unidos de emigrantes. Con más de 4.000 millones de dólares enviados desde el exterior, las remesas familiares constituyen la primera fuente de entrada de divisas de Guatemala, por encima de las importaciones tradicionales, como el café.