Guatemala, adopciones a mano armada

Un encuentro feliz y traumático; ansiado, pero difícil de asimilar. Lejos de echarle los brazos al cuello, Esther Sulamita, una niña de dos años y medio, se mostró agresiva con su madre. "Me mordía, me pegaba, me tiraba cosas a la cara; no quería ni que la tocara", dice Ana Escobar, de 27 años, que removió cielo y tierra durante dos años para recuperar a la pequeña.

La devolución de Esther Sulamita, tras un análisis de ADN que probó inequívocamente la relación maternofilial, confirma por primera vez lo que muchos sospechaban: que el sistema de adopciones en Guatemala se nutre en parte de niños robados. Como Esther Sulamita.

El 26 de marzo de 2006, dos hombres y dos mujeres armados entraron en la zapatería donde Ana Escobar, a la sazón reciente madre soltera, trabajaba. Se llevaron por la fuerza a la niña, y desde entonces Escobar no ha parado de buscarla. Una huelga de hambre con otras cuatro madres desposeídas de sus vástagos; la acción de organizaciones de derechos humanos y ONG y, sobre todo, el tesón infatigable de Escobar pusieron sobre la mesa el problema.

El Congreso de Guatemala, presionado por la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado, adoptó en diciembre de 2007 una Ley de Adopciones y creó el Consejo Nacional de Adopciones; además, y gracias a la presión de las madres en huelga, en mayo se paralizaron todos los procesos de adopción en curso, alrededor de 2.300. El año pasado, más de 4.700 niños guatemaltecos fueron entregados a parejas estadounidenses; Guatemala es el segundo país de origen, tras China, de los bebés que se adoptan en Estados Unidos.

Pero a Ana Escobar no le resultó tan fácil probar el hecho. Al contrario, al denunciar el robo de su niña ante la policía, "me empezaron a echar la culpa a mí, decían que yo la había vendido", contaba el pasado 25 de julio, un par de días después de recibir a Esther, en declaraciones a la BBC. "Las autoridades no me escucharon", se queja Escobar, quien atribuye a Dios, y no a la hipotética justicia, el "milagro" de recuperar a su hija. "La ley aquí en Guatemala no sirve; sigue el robo de niños, y ha aumentado en los últimos meses", afirma. "Tengo entendido que dan hasta 50.000 dólares casi 32.000 euros] por cada niño". ¿Y la nueva Ley de Adopciones, no ofrece más garantías? "La verdad es que no", zanja categórica Escobar.

Adoptar un bebé en Guatemala cuesta entre 13.000 y 40.000 dólares (8.295 y 25.523 euros), el 80% de los cuales va a parar a manos de los abogados, pues antes de la adopción de la ley, y ante la falta de una regulación específica, los procesos se tramitaban notarialmente. El resto se reparte entre los médicos que asisten el parto y otros profesionales implicados: comadronas, enfermeras, cuidadoras, etcétera. El mercado negro de menores, en manos de mafias organizadas, "se garantiza la impunidad en las instituciones del Estado al repartir fuertes sumas de dinero", denuncian organizaciones locales proinfancia.

Las mafias emplean también jaladores, inquietantes figuras que detectan embarazos y pagan u obligan a la futura madre a desprenderse del bebé después del parto. Pero cuando las amenazas o el dinero no valen, se recurre a la fuerza: la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala calcula que sólo el año pasado fueron robados 203 bebés en el país. Como Esther Sulamita.

Entre enero y junio de este año se han localizado en el país cinco casas-cuna clandestinas, con más de un centenar de niños a la espera de ser entregados en adopción. Muchos de esos bebés, como Esther Sulamita, presentaban informes falsos de ADN. Desde agosto de 2007, consciente de la existencia de numerosos fraudes, la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala solicita un segundo informe de ADN para conceder al bebé el visado de entrada en EE UU.

Este mercado de niños genera ingresos de entre 100 y 150 millones de dólares (entre 63 y 96 millones de euros) al año, según cálculos de Unicef. En un país donde el 56% de sus 13 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, donde la renta per cápita es de 4.700 dólares, menos de la mitad que la de Argentina, Brasil o Chile; donde aún se sufren las consecuencias de 36 años de guerra civil, se entiende que cualquier ingreso extra, aun ilícito, pueda tenerse en cuenta. Y para las mafias la adopción internacional ?hay 3.700 familias estadounidenses haciendo cola? no es sino una oportunidad de diversificar el negocio.

Legal o fraudulentamente, alrededor de 20.000 pequeños han dejado para siempre Guatemala en la última década, pero de esa cifra hay que empezar a descontar no sólo números, sino también nombres y apellidos. Como los de Esther Sulamita Escobar, que hoy ya abraza tímidamente a su madre ?aunque debe seguir durante un tiempo en tratamiento psicológico para superar el trauma? y juega al escondite por los pasillos de la Fundación Sobrevivientes, una ONG dedicada a las víctimas de la violencia de género que ha acompañado a Ana Escobar durante su búsqueda. Esther Sulamita, sin saberlo, es un punto y aparte en el capítulo de los niños robados.