Evo Morales se someterá a un referendo
El presidente acepta la celebración de la consulta porque "es una forma de profundizar la democracia"
El Senado de Bolivia, controlado por los opositores al presidente indigenista Evo Morales, ha aprobado esta madrugada (hora de España) la convocatoria de un referendo para revocar el mandato de Morales y los gobernadores regionales.
La ley de referendo fue aprobada de forma sorpresiva -su tramitación estuvo paralizada durante varios meses en la Cámara Alta- y por unanimidad, ya que incluso los senadores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) votaron a favor.
La decisión del Senado da un nuevo giro a la crisis política que vive Bolivia desde hace varios meses por el enfrentamiento entre el proyecto de "refundación" de Bolivia como una republica socialista y plurinacional, impulsado por Morales, y las demandas autonómicas de varias regiones opositoras, lideradas por Santa Cruz.
Morales tiende la mano
Morales no ha querido añadir tensión y ha dicho sentirse "muy satisfecho" con la aprobación del referendo y se ha comprometido a convocarlo de inmediato. "Quiero reiterar mi posición de someternos al pueblo, que nos diga quién sirve y quién no para gobernar", ha dicho el presidente, para quien ese referendo "es una forma de profundizar la democracia" en el país.
El mandatario hizo esta declaración en el Palacio de Gobierno en La Paz tras mantener una reunión urgente con su gabinete y arropado por casi todos sus ministros, que le aplaudieron al principio y al final de su discurso.
Apenas dos horas antes de aprobarse la ley de referendo de revocación en la Cámara Alta, Morales había citado a los nueve prefectos (gobernadores) regionales, la mayoría opositores, para dialogar el próximo lunes en La Paz sobre la conflictiva situación del país, agravada tras el referendo autonomista cruceño.
La ley aprobada en el Senado fue propuesta inicialmente por Morales en diciembre del año pasado, en medio de una tensa situación política relacionada con el proceso constituyente, pero su tramitación se estancó en el Senado tras obtener el visto bueno en enero en la Cámara de Diputados. La alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), que tiene mayoría en la Cámara Alta, dice haber tomado una "decisión política" con la aprobación de esa ley, que debe servir para forzar al presidente a dialogar y concertar con sus opositores, ha explcado uno de sus senadores, Luis Vásquez.
Morales tiene potestad para vetar la legislación pero, si finalmente decide promulgarla, el referendo se realizaría dentro de los 90 días siguientes al visto bueno del mandatario. Según la legislación boliviana, el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, puede poner en vigor la ley en caso de que Morales no adopte ninguna decisión sobre ella.
Para revocar los mandatos hace falta que el no supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios nacional y departamentales del 2005 -donde fueron elegidos-como el número absoluto de votos. En el caso de Morales y su vicepresidente, quedarían revocados si el no a su continuidad es superior al 53,7% de apoyo que consiguieron en el 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon. Si los bolivianos rechazaran la continuidad del presidente y vicepresidente, Morales debe convocar a elecciones generales en un plazo de tres a seis meses.
Apoyo masivo a la autonomía de Santa Cruz
El estatuto sobre la autonomía de Santa Cruz fue apoyado por el 85% de los que acudieron a las urnas el pasado domingo en la región más rica del país y que concentra la mayor oposición a Evo Morales, una vez escrutado el 96,6% de las mesas electorales. Aunque el Gobierno calificó de "fracaso" la consulta, amparándose en la alta abstención, el sí al estatuto autonómico de la región boliviana ha resultado ser abrumador. Según el informe divulgado hoy la Corte Departamental Electoral, por el sí votaron 461.173 personas, un 85,56%, mientras el no registró 77.831 sufragios, que representan un 14,44%. La abstención, a la que llamó el Gobierno de Evo Morales que considera la consulta ilegal y secesionista, superó el 38%, frente a una participación que se situó en el 61,79%.
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