44 detenidos, 13 de ellos alcaldes, en un operativo contra el fraude en Brasil
Al menos 44 personas fueron detenidas ayer en Brasil, entre ellas 13 alcaldes, en una operación policial contra una organización acusada de defraudar recursos públicos por valor de 200 millones de reales (unos 75 millones de euros), según fuentes oficiales.
En la banda, que ha sido investigada durante ocho meses, están presuntamente involucrados magistrados, procuradores municipales, asesores legislativos y abogados, informó la Policía Federal brasileña en un comunicado.
Entre los arrestados figura un juez federal, cuatro procuradores municipales, cuatro funcionarios del poder judicial y el gerente de una agencia del banco estatal Caixa Económica Federal. La mayoría de los alcaldes detenidos son de municipios en Minas Gerais, en el sureste de Brasil y el segundo Estado más poblado del país, y un grupo menor del Estado de Bahía (noreste).
Según agencias locales de noticias, entre los presos figura Carlos Alberto Bejane, alcalde de Juiz de Fora, la segunda mayor ciudad de Minas Gerais, así como los alcaldes de Divinópolis, Demetrios Arantes Pereira; Conselheiro Lafaiete, Julio César de Almeida Barros; Timoteo, Geraldo Nascimento, y Sobradinho, Gilberto Balbino.
La llamada Operación Pasárgada movilizó a unos 500 agentes de la Policía Federal en una acción conjunta en los Estados de Minas Gerais y Bahía y en el Distrito Federal de Brasilia para cumplir 50 órdenes de prisión y 100 mandatos de registro de residencias y oficinas.
Presupuesto
El grupo fue acusado de haber realizado gestiones fraudulentas para liberar recursos del Fondo de Participación de los Municipios (FPM), que el Gobierno brasileño utiliza para distribuir partidas del presupuesto entre los ayuntamientos.
La organización negociaba decisiones judiciales que obligaban al Gobierno a enviar recursos del fondo a municipios con deudas ante el Instituto Nacional de Seguros Sociales (INSS), lo que prohíbe la ley. De acuerdo con el comunicado de la Policía Federal, los alcaldes contrataban sin licitación al mismo bufete de abogados, que pagaba presuntamente extorsiones a jueces y funcionarios judiciales para obtener las decisiones favorables.
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