Comisión mixta para un nuevo caso de corrupción en Brasil

Tras una semana de bombardeo de informaciones sobre las presuntas iregularidades cometidas mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito oficiales en Brasil, en un nuevo escándalo que la opinión pública está siguiendo como si se tratase de una telenovela, el Gobierno y la oposición alcanzaron ayer un acuerdo sobre el modo en que este caso de corrupción va a ser investigado. Será mediante la creación de una comisión mixta, según un pacto logrado entre el Ejecutivo y los partidos opositores.

El acuerdo fue posible después de que se produjeran concesiones tanto por parte de la oposición al Gobierno —por ejemplo, la de investigar no sólo el periodo de mandato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, sino tambien el de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso—, como por parte del Gobierno, que permitirá la creación de una comisión mixta de diputados y senadores, mucho más completa que una simple comisión de senadores. Y eso, a pesar de que la oposición estaba resignada a conformarse con esta última opción, ya que carece del suficiente consenso en el Parlamento para imponer la mixta.

Así pues, la nueva comisión indagará sobre el periodo que va desde la creación de las tarjetas de crédito corporativas, en 1998, hasta hoy. Con una condición, que también fue aceptada por Gobierno y oposición: la de dejar de lado los gastos personales del presidente Lula y de su esposa, Marisa, así como los del ex mandatario Cardoso y su esposa, Ruth. "No nos interesa saber en qué tiendas se ha comprado o no la comida o los vinos de los presidentes", dijeron tanto el portavoz del Gobierno en el Senado, Romero Jucá (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB), como el diputado de la oposición Carlo Sampaio (del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB). Sin embargo, también matizaron que eso no significa que estos gastos como tales vayan a dejar de ser investigados.

Para la creación de una comisión mixta de investigación eran necesarias las firmas de 171 diputados y 27 senadores, que fueron recopiladas sin dificultad. Ahora, la gran batalla consistirá en la elección del presidente y del relator de la comisión, cargos que tienen gran influencia en el resultado final de las investigaciones.

A pesar de que la comisión ha sido fruto de un acuerdo con el Gobierno, miembros de la oposición recordaban ayer que siempre se sabe cómo comienza una comisión parlamentaria de investigación, pero nunca cómo termina.

El trabajo de los miembros de la comisión, que está previsto que dure tres meses, no será fácil, ya que deberán estudiar los movimientos de cerca de 14.000 tarjetas de crédito corporativas.

Lo más arduo será conocer el empleo que sus usuarios dieron al dinero que sacaron de los cajeros y que supone más del 50% de los gastos totales de las tarjetas, que el año pasado casi llegaron a los 30 millones de euros. Según la ley, el uso de las tarjetas debería estar limitido a gastos "urgentes" y no para los habituales.

Expertos fiscales recordaban ayer que no será complicado investigar algunos casos, como el uso de las tarjetas para pagar los servicios de casas de masajes inscritas con nombres ficticios de tiendas de materiales de construcción.

Con la creación de la comisión, el Congreso intenta aplacar la indignación de la ciudadanía, que en los últimos días ha ido conociendo cómo muchos de sus gobernantes usaron presuntamente dinero público para gastos personales e incluso para lujos y caprichos, como juguetes y chocolates para gourmets.