Interrogados dos generales chilenos en activo por una masacre de campesinos

Un juez interrogó ayer a dos generales en activo del Ejército chileno que fueron vinculados con el secuestro y asesinato de 22 campesinos tras el golpe militar que dio el poder al fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990). Según fuentes judiciales, se trata de Guillermo Castro Muñoz, actual jefe de la II División del Ejército, y Eduardo Aldunate, jefe de División de Escuelas, que se presenaron voluntariamente a declarar ante el juez Héctor Solís, que investiga el caso.

También se espera que se presenten ante el magistrado los generales Cristián Le Dantec Gallardo, responsable de las finanzas del Ejército, y Julio Baeza von Bohlen, actual director de Logística de la institución.

Los cuatro oficiales, que hoy forman parte del alto mando de la entidad, están incluidos en un listado que está en manos del juez Solís e incluye a 36 subtenientes que se graduaron en agosto de 1973 y que fueron destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, a la que pertenecían quienes asesinaron a los campesinos.

Castro Muñoz ya había sido interrogado por el juez en la búsqueda de los otros dos subtenientes, que en octubre de 1973 participaron junto al entonces subteniente Andrés Magaña en la muerte de estas 22 personas.

Hasta ahora, esos dos nombres permanecen bajo una férrea protección en un pacto de silencio entre los inculpados y procesados de la matanza del 16 de octubre de 1973, en la localidad rural de Paine, a unos 60 kilómetros al sur de Santiago.

Retiro de Televisores

La justicia chilena presume que los cadáveres de los campesinos fueron exhumados clandestinamente entre 1978 y 1979 y lanzados al mar, en el marco de la Operación Retiro de Televisores, ordenada por Pinochet para borrar el rastro de los asesinatos cometidos en todo Chile en los meses posteriores al golpe militar, el 11 de septiembre de 1973.

Dicha operación, de acuerdo con testimonios recogidos en diversos juicios, se llevó a cabo en 1978 tras el descubrimiento de los cuerpos de una veintena de desaparecidos en la localidad de Lonquén, cercana a Santiago.

Durante la dictadura, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 integran aún la lista de desaparecidos, según cifras oficiales.