Leyes internacionales para la Amazonia

En la cruzada contra la deforestación de la Amazonia, esta vez han sido los abogados brasileños quienen han puesto las cartas sobre la mesa. La Orden de Abogados de Brasil (OAB) ha propuesto crear un Tribunal Internacional de la Amazonia, en el que participen todos los países con territorio amazónico, para luchar contra la desforestación y preservar sus riquezas. Cezar Britto, presidente de la OAB, afirmó: "Permitir que la Amazonia sea arrasada, como está aconteciendo a pasos largos, es cometer un crimen contra la humanidad".

Según un comunicado de la organización, los abogados pretenden promover este mismo año un gran encuentro para discutir las cuestiones de la selva amazónica en busca de "soluciones definitivas para que este patrimonio de Brasil y de la humanidad no acabe desapareciendo".

La inicitiva de los abogados brasileños se hizo público la semana pasada, horas después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniera con carácter de urgencia con cinco ministros: el de Medio Ambiente, el de Agricultura, el de Justicia, el de Defensa y el de la Casa Civil.

En ese encuentro, se discutieron las cifras oficiales presentadas sobre la deforestación de la selva en los tres últimos meses de 2007, durante los cuales han sido arrasados 7.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica. Además, han sido los meses más lluviosos y tradicionalmente de escasa incidencia.

La noticia preocupó a Lula, quien ya había anunciado, incluso en la sede de la ONU en Nueva York, que en los tres últimos años de su Gobierno la destrucción de la selva amazónica había disminuido en relación a otros años.

El Gobierno de Brasil anunció con este motivo una batería de medidas y un refuerzo de la fiscalización para contener el preocupante aumento de la deforestación de la Amazonia, al ver en peligro los progresos logrados en los últimos tres años. "Lo que se pretende es instalar en la Amazonia un proceso permanente de control", dijo el secretario general del Ministerio de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Entre las medidas figura suspender toda financiación público a los emprendedores de actividades productivas que violen la ley medioambiental, con lo cual se pretende aumentar la presión sobre los hacendados y madereros, y también sobre las autoridades locales.

Además, se divulgó una lista con los 36 municipios que concentran el 50% de la deforestación y donde se prohibirán nuevas talas.