Macri revoluciona Buenos Aires

Protestas de piqueteros y sindicatos ante las medidas para depurar los órganos municipales emprendidas por el alcalde

Protestas de piqueteros y sindicatos ante las medidas para depurar los órganos municipales emprendidas por el alcalde

Despidos masivos de funcionarios acusados de no trabajar, medidas contra las continuas protestas de los piqueteros en las calles e intervención de asociaciones de seguros controladas por los sindicatos y con cuantioso presupuesto. En poco más de un mes al frente del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri ha comenzado una auténtica revolución en la gestión de la Administración argentina, en una batalla que los afectados por sus medidas han llevado a las calles y a los tribunales. Con victorias y derrotas parciales hasta el momento, pero convencido de contar con el apoyo del ciudadano medio, el líder del centroderechista Propuesta Republicana (PRO) quiere poner en pie un modelo de gestión en las antípodas del peronismo hegemónico en Argentina.

Una de las primeras medidas adoptada por Macri —quien juró su cargo el pasado 9 de diciembre— causó el pánico entre muchos de los 120.000 funcionarios municipales porteños.

El jefe del Gobierno local ordenó no renovar 2.500 contratos, alegando que se trataba de contrataciones irregulares. Además, ha anunciado que otros 20.000 que vencen en marzo están en el aire y, lo que es peor, ha amenazado con elaborar un detallado censo para ver qué trabajo en concreto realiza cada empleado a sus órdenes.

Macri, hijo de un importante empresario que llegó emigrado desde Italia, ha declarado enemigo público número uno de su gestión a una figura firmemente instalada en el imaginario argentino: el ñoqui. Se trata de la persona que aparece por el trabajo únicamente para cobrar la paga de fin de mes. Recibe el apodo de la costumbre, importada de Italia, de comer el día 29 de cada mes la pasta de patata del mismo nombre. Los ñoquis suponen una verdadera plaga en la Administración argentina y Macri, que emplea el 60% del presupuesto de la capital federal en pagar sueldos, considera imprescindible acabar con este agujero negro.

Pero el líder del PRO —y único político que ha derrotado a las listas del ex presidente Néstor Kirchner dos veces consecutivas en la capital argentina— ha descubierto pronto que la gestión pública no tiene nada que ver en muchos aspectos con la empresa privada. Los sindicatos se han puesto en pie de guerra contra el alcalde de Buenos Aires y el líder de la poderosa central peronista Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, ha apoyado las movilizaciones contra los despidos y ha calificado de "genocidio laboral" las medidas de Macri. Otros sindicatos apuntan a que, puestos a buscar ñoquis, el gobernante porteño debería recordar que durante su etapa como diputado batió todos los records de absentismo laboral.

Los afectados han recurrido a la justicia y una juez ha dado la razón a los trabajadores no renovados. Macri ha recurrido la sentencia argumentando que se trata de una injerencia del poder judicial sobre el legislativo. "La gente ha votado por el cambio", recordó el jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, quien ha ratificado que se examinará "uno por uno" a todos los funcionarios porteños.

Macri, hasta el pasado diciembre presidente del equipo de fútbol Boca Juniors, no ha dado su brazo a torcer, convencido de que esta limpieza cuenta con las simpatías de la mayoría de los ciudadanos. Éstos han sido puntualmente informados de la existencia de funcionarios municipales que cobran su sueldo y viven fuera de Argentina —en concreto, en España, México y Ecuador—, de otros que oficialmente disponen de hasta ocho secretarias y de casos como el de cuatro empleados que utilizaban un sistema rotativo de excedencias alegando que sólo contaban con un ordenador para trabajar. El alcalde de Buenos Aires ha asegurado que los 2.500 contratos no renovados hasta el momento responden a personas colocadas a dedo. Por si acaso, el anterior alcalde de la ciudad, Jorge Telerman, se ha apresurado ha declarar que él no es responsable de las contrataciones irregulares.

El segundo gran frente son las medidas anunciadas la semana pasada contra las protestas que casi a diario se viven las calles de Buenos de Aires, que convierten la acción de circular por la ciudad en un ejercicio de adivinación para averiguar dónde estarán las calles cortadas. Las protestas, en ocasiones con carácter violento, se han multiplicado desde que el PRO llegó al poder. Macri ha dispuesto que se cumpla una normativa ya existente que obliga a que la convocatoria de manifestaciones se comunique previamente e impone multas a los que realicen cortes de calles por sorpresa.

La respuesta ha venido en paralelo desde el Gobierno federal y las organizaciones piqueteras. El ministro de Justicia Federal, Aníbal Fernández, ha ratificado una doctrina oficial que se sigue desde que Néstor Kirchner llegara al poder de que la policía no disolverá las manifestaciones no autorizadas. Por su parte, el líder piquetero Raúl Castells realizó el pasado viernes una marcha sin previo aviso que finalizó precisamente ante la sede del Gobierno de Buenos Aires. "Hace 15 años que nos venimos movilizando y a esta altura de la situación no vamos a estar pidiendo permiso", subrayó Nina Pelozo, destacada líder piquetera y esposa de Castells.

"Desidia y desorganización"

La batalla económica se centra en la ObSa, la mutua social de los trabajadores municipales de Buenos Aires, un organismo que controlaban los sindicatos y que Macri ha ordenado intervenir ya en dos ocasiones. En la primera, hace dos semanas, los sindicatos pusieron un recurso de amparo ante la justicia, que declaró la medida ilegal.

El Gobierno municipal filtró entonces una filmación donde se veía a los sindicalistas cargando documentos de la mutua en un camión y alegó que se estaban sustrayendo papeles importantes de la gestión de la sociedad. Los protagonistas de la cinta aseguraron que se trataba de efectos personales.

Días después, con una disposición legal de carácter diferente a la primera, Macri ordenó una segunda intervención del organismo. Aunque la semana pasada se reanudó el trabajo en las oficinas de ObSa, los sindicatos han anunciado un nuevo recurso de amparo.

El PRO ha denunciado también el desorden existente en las cuentas públicas de la capital argentina. Ha exigido una relación detallada de los proveedores a las diferentes áreas de su Gobierno, denominadas oficialmente ministerios. De 14, apenas tres han presentado el estado de sus cuentas. Macri asegura que ha encontrado la Administración local en un estado de "desidia y desorganización".

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