Irak permite el acceso a la administración a los ex miembros del partido de Sadam

El Parlamento iraquí dio ayer un paso hacia la reconciliación nacional al aprobar una ley que permite que los antiguos miembros del partido Baaz del dictador Sadam Husein puedan volver a trabajar en la administración e incluso en el Gobierno. La ley de desbaazificación pretende que la minoría suní del país, privilegiada en gran medida durante la dictadura de Sadam, se implique más y tenga un mayor papel en la reconstrucción del país.

Aunque no da un acceso pleno a la vida pública a los antiguos miembros del partido en el que Sadam Husein sustentó su poder, pero elimina numerosas restricciones que antes hacían casi imposible su presencia en la administración civil o militar. De hecho, esta antigua norma, estableció un comité encargado de purgar a los altos cargos del partido Baaz del Gobierno y restringía duramente el acceso al empleo público a los militantes de menos nivel.

La nueva ley permitirá que miles de ex miembros del partido puedan volver a sus puestos en la administración pública. Además, establece pensiones para un pequeño grupo de ex altos cargos del partido, cuya participación en la vida pública seguirá prohibida.

Un nuevo comité supervisará el proceso de readmisión de ex funcionarios baazistas y la concesión de pensiones a los miembros más destacados del partido, disuelto por la administración estadounidense de Irak. La mayoría de los ex miembros podrán volver a sus puestos y tendrán dos meses para solicitar su readmisión. Los ministerios estarán obligados a readmitir a estas personas en sus puestos, o a darles uno similar si ya están ocupados.

Los altos cargos, los que ocupaban los cuatro primeros niveles de los 10 de los que constaba el partido Baaz podrán pedir pensiones, pero no volver a la administración. Los miembros del quinto nivel podrán solicitar un puesto de poca responsabilidad o una pensión. Finalmente, el primer ministro iraquí tendrá autoridad para devolver a cualquier ex miembro del partido al puesto que estime, independientemente de su nivel anterior, con la aprobación del consejo de Presidencia (el presidente y los dos vicepresidentes).

La ley de Responsabilidad y Justicia sustituye otra norma que se puso en marcha tras la caída del régimen de Sadam tras la invasión estadounidense en 2003 y que contaba con la oposición frontal de los suníes, que lo consideraban como un castigo colectivo por los crímenes de la dictadura. Merced a esa ley, miles de suníes fueron expulsados de sus puestos en el Gobierno o la administración, lo que impulsó la insurgencia contra el Gobierno y la mayoría chiíes y contra los militares estadounidenses.

Washington ha estado presionando al Gobierno iraquí, liderado por chiíes, para que sacara adelante una norma para rehabilitar a los ex miembros baazistas para que la minoría suní del país, la clase privilegiada durante el régimen de Sadam, que era suní, tuviera mayor implicación en el nuevo Irak surgido tras la invasión estadounidense. Contrarrestaría así un tanto también la oposición armada suní.