El Supremo boliviano pide juicio político para siete altos cargos

La Corte Suprema de Justicia espera del Congreso boliviano la autorización para iniciar un juicio político contra siete altos cargos —entre ellos, una ministra y dos gobernadores— y dos ex ministros, todos ellos presuntamente involucrados en los violentos sucesos de Huanuni, donde perdieron la vida 16 personas, y de Cochabamba, donde se registraron otros dos muertos. Ambos incidentes se produjeron entre finales de 2006 y comienzos de 2007.

El vocal de la Sala Penal segunda, José Luis Baptista, confirmó la aprobación de dos autos que dan paso al requerimiento contra nueve personas, siete de ellas del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), y cuyo proceso debe ser autorizado por el Congreso al tratarse de juicios políticos o de responsabilidades. "La Corte Suprema ha cumplido con dar paso al requerimiento fiscal de la acusación", declaró Baptista, y añadió que el Congreso debe aprobar el proceso por dos tercios de votos.

La primera semana de octubre de 2006 se produjo un gravísimo enfrentamiento entre trabajadores asalariados de la estatal Corporación Minera de Bolivia y cooperativistas mineros por el control del cerro Posokoni, un valioso yacimiento de estaño en Huanuni, un distrito minero de Oruro. Los mineros, que se lanzaron mutuamente explosivos de dinamita con hondas, terminaron con la vida de 16 de sus compañeros y causaron graves heridas a otros 50.

Las personas a las que la fiscalía acusa de incumplimiento de deberes formales y denegación de auxilio son los ex ministros del Interior, Alicia Muñoz, y de Minería, Walter Villarroel, que era el máximo dirigente de los cooperativistas mineros; el prefecto de Oruro, Luis Alberto Aguilar, y el entonces comandante de la policía de Oruro, José Centellas.

Contra Reyes Villa

Meses después de los incidentes de Huanuni, el 11 de enero de 2007, la ciudad de Cochabamba fue escenario de un dramático enfrentamiento entre pobladores de la ciudad y de zonas rurales aledañas a la capital, apoyados por grupos cocaleros del Chapare, con un saldo de dos personas muertas, una por bala, y la otra torturada y golpeada por una turba campesina.

En este caso, en el que se registró el asalto e incendio del edificio de la Prefectura en la plaza de armas de Cochabamba, está imputada la actual ministra de Justicia, Célima Torrico; el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; los senadores Omar Fernández y Lenilda Zurita (suplente), y el diputado Antonio Murillo, de Unidad Nacional (UN).

La ministra Torrico, que en enero ejercía sólo como dirigente sindical, está acusada de sedición, incendio, destrucción y deterioro de bienes del Estado. La prensa local reflejó entonces su decidida participación en los violentos sucesos de Cochabamba. El prefecto, Manfred Reyes Villa, que los denominados movimientos sociales pretendían derrocar en enero, está requerido por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución, mientras que el diputado Arturo Murillo, que se declaró en huelga de hambre para protestar contra las acciones de la Asamblea Constituyente, tiene cargos por el delito de sedición.

Fernández está acusado en el requerimiento fiscal de sedición e instigación pública a delinquir, mientras que la senadora suplente y dirigente cocalera Leonilda Zurita se enfrenta a cargos de sedición y malversación de bienes del Estado, en alusión a la distribución que hizo entre los grupos afines al MAS participantes en las protestas callejeras de enero en Cochabamba de los alimentos y vituallas que estaban destinados a las víctimas de las inundaciones en el valle y que debían ser repartidos por Defensa Civil.

Es la primera vez que la Corte Suprema solicita al Congreso la autorización para procesar a tantas autoridades en pleno ejercicio de sus funciones. El MAS tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero no en en el Senado.