Fujimori justifica las leyes que favorecieron a los 'escuadrones de la muerte'

El ex presidente peruano Alberto Fujimori justificó ayer algunas de las leyes promulgadas durante su Gobierno (1990-2000) que favorecieron al grupo militar encubierto Colina, el escuadrón de la muerte que perpetró las matanzas de Barrios Altos (1001) y La Cantuta (1992.

Fujimori es juzgado desde el pasado 10 de diciembre por ambas masacres, en las que fueron asesinadas 25 personas, así como por los secuestros en 1992 del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Una de esas normas es la denominada Ley Cantuta (1994), que pasó al fuero militar el caso del asesinato de nueve estudiantes y un profesor universitario a manos del Grupo Colina, supuestamente creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos como parte de la lucha antiterrorista.

"En esa época, los delitos cometidos por militares eran considerados como delitos militares y tenían su jurisdicción", respondió Fujimori ante la insistencia del fiscal supremo José Peláez, que cuestionó si la referida ley pretendía "cubrir con un manto de impunidad a los autores" de los crímenes.

Sobre la Ley de Amnistía (1995), que establecía el olvido de los juicios y condenas vigentes para todos los militares acusados de violaciones de los derechos humanos cometidos desde mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995, Fujimori dijo que ésta "era parte de una concepción para llevar al Perú a la pacificación".

Sendero Luminoso

"Cuando ya hay un clima de que la población siente que hay paz, yo considero que es necesario buscar una solución pacífica después 14 o 15 años de guerra interna", señaló el ex gobernante al referirse al acuerdo de paz propuesto por el líder del grupo maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992.

Sin embargo, Fujimori reconoció que la Ley de Amnistía favoreció a varios miembros del Grupo Colina, que fueron condenados por el fuero castrense a entre uno y 20 años de cárcel, aunque en 2002 volvieron a ser detenidos después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizara al Estado de las matanzas.

Por otra parte, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema desestimó ayer la petición del abogado de Fujimori, César Nakazaki, para que el ex presidente utilice un ordenador portátil en el juicio.