Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La CIDH solicita al Gobierno de Guatemala medidas cautelares para 26 adopciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte irregularidades en los procesos de adopción en este país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al Gobierno de Guatemala que otorgue medidas de protección urgente para 26 niños que se encuentran en proceso de adopción, según informó ayer la organización Casa Alianza.

El pasado 12 de octubre, representantes de Casa Alianza Guatemala, una organización humanitaria que trabaja en favor de los derechos de la niñez, y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante la CIDH las "constantes irregularidades en los trámites de adopción de niños en Guatemala".

En la audiencia, que formaba parte del 130 periodo de sesiones del organismo iberoamericano, las dos organizaciones presentaron a la CIDH una solicitud de medidas cautelares a favor de un grupo de niños y niñas cuyos procesos de adopción se encontraban en trámite.

El objetivo de la solicitud era garantizar que los niños afectados tuvieran un proceso de adopción transparente con el respeto a sus derechos y a su interés superior. Ahora, el Gobierno de Guatemala tiene la obligación de definir el lugar y las condiciones de los niños, su situación jurídica y familiar y las medidas que prevén adoptar para su protección, de acuerdo con las dos organizaciones.

En un comunicado, Casa Alianza y el CEJIL valoraron la aprobación de medidas cautelares por parte de la CIDH porque, además de proteger los derechos de los beneficiarios, "constituye un precedente para que el Estado guatemalteco tome las medidas adecuadas para que los 3.600 casos pendientes de trámite se realicen conforme al debido proceso y que Guatemala cumpla con la normativa legal existente".

Un reciente estudio, en el que participaba Casa Alianza, indica que las adopciones internacionales de niños guatemaltecos, que cada año dejan millones de dólares en ganancias a las redes dedicadas a este negocio, generan una "economía del delito" en este país.