La venta de niños y su "economía del delito"

Pocas veces el axioma periodístico de que "una imagen vale más que mil palabras" es capaz de revelar un drama humano con tanta intensidad. Una veintena de madres guatemaltecas cuyos bebés les fueron robados violentamente protestaron el martes en silencio frente a la sede del Ministerio Público (MP, fiscalía) en la ciudad de Guatemala colocando los cochecitos vacíos del niño que les fue arrebatado para venderlo a parejas extranjeras. Ponían así en evidencia la impunidad con que estas bandas actúan en el país centroamericano.

Casi simultáneamente, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia hacía público un informe en el que se destapa la existencia de mafias que, bajo la máscara de la figura de la adopción, realiza negocios millonarios, hasta el punto de generar lo que el estudio denomina una "economía del delito".

Las cifras permiten conocer la intensidad de este negocio. Según el capítulo guatemalteco del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), "más de 4.000 niños fueron dados en adopción a matrimonios extranjeros" en 2006.

De acuerdo a los estudios de Unicef, el 95% fue cedido a matrimonios estadounidenses. Sólo un 0,5% de los niños fue adoptado por familias locales.

Las redes de la venta de niños cobraron más de 200 millones de dólares por facilitar el trámite.

Según cifras oficiales, entre 2004 y 2007 se han autorizado 18.376 adopciones, lo que supone un promedio de 13 diarias.

El estudio revela que la venta de niños ha facilitado la proliferación de multitud de organizaciones, en las que están involucrados médicos, abogados, enfermeras, trabajadoras sociales, propietarios de hoteles e incluso empleados del Registro Civil de Ayuntamientos próximos a la capital guatemalteca, que extienden partidas de nacimiento falsas para facilitar la cesión de bebés a los padres adoptivos. Una situación que "permite suponer que operadores de justicia están involucrados", según Unicef.

Es toda una cadena. De acuerdo a la organización humanitaria Fundación Sobrevivientes, en los procesos de adopción, dotados de todo tipo de formatos legales, se han detectado anomalías como partidas de nacimientos falsificadas por médicos y funcionarios, y personas que fingen ser los padres del bebé a ceder, con diferentes carnés de identidad, extendidos por distintos Ayuntamientos.

La presión social hizo que el Congreso (legislativo y unicameral) aprobara a mediados de año una ley que regula las adopciones siguiendo las directrices del Convenio de La Haya, que busca, como prioridad absoluta, que en cada una de las cesiones prive "el interés supremo" del niño, así como que el Estado pueda hacer un seguimiento del menor en los países de los padres adoptivos.

Los legisladores dispusieron que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2008. Sin embargo, en las últimas semanas se están introduciendo algunas modificaciones, por lo que su discusión se retrasa inexplicablemente. Pese a estar en la agenda legislativa para ser discutida esta semana, al cierre de esta edición los legisladores continuaban ayer sin abordar el tema.

La historia de las adopciones cobró auge en la Guatemala de los años ochenta, cuando la violencia de los combates entre el Ejército y la guerrilla dejó a centenares de niños huérfanos en las selvas. Ante esa situación crítica y con el ánimo de que un menor no estuviera mucho tiempo sin un hogar, el espíritu del legislador fue facilitar el trámite para su adopción, algo explicable en un contexto de guerra pero que fue aprovechado después para generar un negocio que ha desbordado completamente la capacidad de respuesta del Estado, según explicó a EL PAÍS Augusto Dionicio, asesor legal de la organización humanitaria Casa Alianza.

Así las cosas, las ONG confían en que la próxima entrada en vigor del Convenio de La Haya en Estados Unidos obligue a los adoptantes a exigir pruebas contundentes sobre la paternidad de quienes ceden a sus bebés, como la prueba del ADN.