Ultimátum indígena a Lula

En la reserva indígena de Raposa Serra do Sol, en el Estado brasileño de Roraima, 17.000 indios que llevan años luchando para expulsar de su territorio, concedido por el Estado, a los arroceros que les habían invadido se han levantado en pie de guerra: se niegan a continuar esperando una solución por parte del Gobierno, ya que, dicen, les ampara una sentencia definitiva del Supremo Tribunal Federal, que hace un año exigió la expulsión de los terratenientes ilegales.

"Ya hemos demostrado demasiada paciencia. No podemos permitir que sigamos siendo perseguidos y destruidos dentro de nuestras tierras", dijo ayer Valter Oliveira, indígena de la tribu de los macuxí, uno de los coordinadores del Consejo Indígena de Roraima (CIR), quien ha anunciado que los indios han dado un ultimátum al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva: la próxima Navidad es la fecha improrrogable para acabar con el conflicto, aseguran.

El dilema planteado al Gobierno no es pequeño, ya que los terratenientes están respaldados por una parte de los senadores y diputados locales, también agricultores y dueños de grandes territorios, que se han solidarizado siempre con las exigencias de sus colegas millonarios, habituales patrocinadores de sus campañas electorales.

El Gobierno ha logrado ya que salgan más de 100 agricultores y 400 blancos, a quienes han indemnizado con dinero y tierras en otros lugares. Sin embargo, un grupo, capitaneado por Paulo César Quartiero, el líder de la oposición a las decisiones del Gobierno, ha rechazado toda mediación del Estado y vaticina guerra. "Este Gobierno va a ver en qué lío se ha metido. ¿Quién nos va a echar de aquí? Ellos son los americanos y nosotros, los iraquíes", ironiza Quartiero, quien ha amenazado con "cerrar las carreteras, destruir los puentes y paralizar la región".

El Estado le había ofrecido cinco millones de reales (casi dos millones de euros) de indemnización y 1.500 hectáreas de tierra en otro lugar, pero Quartiero ha rechazado olímpicamente la propuesta. "Mis tierras valen 60 millones [de reales] y necesitaría 20 años para rehacer la infraestructura aquí creada", alega, sin explicar que dicha infrastructura, sobre todo de riego, fue construida ilegalmente.

El Gobierno de Lula, después de muchos aplazamientos, ha decidido actuar por la fuerza antes de Navidad. Lo confirmaba ayer José Nagib Lima, asesor especial de la Casa civil, quien, en una declaración al diario O Globo, que abrió su edición de ayer con este asunto, aseguraba que la decisión de actuar con la fuerza para sacar de la Raposa Serra do Sol a los terratenientes rebeldes es "irreversible". Según él, "el arrocero Paulo César Quartiero y sus aliados no pasarán la Navidad en la reserva indígena".

Esta vez, la decisión del Gobierno parece firme. La expulsión de los hacendados rebeldes estará a cargo de la Policía Federal, apoyada por el Ejército. La determinación es tal, que el ministro de Defensa, Nelson Jobim, acaba de destituir al general Maynard Santa Rosa, que se opone al uso de las Fuerzas Armadas en la operación.