El ex presidente boliviano Sánchez de Lozada, demandado ante la justicia de EE UU

El ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue demandado ayer ante un tribunal federal de Estados Unidos por un grupo de bolivianos que le acusa de la muerte de más de 60 personas durante protestas en La Paz en 2003.

"Hace cuatro años que buscamos justicia", dijo en conferencia de prensa Eloy Rojas Mamani, cuya hija de ocho años murió por herida de bala durante los disturbios. "Tarde o temprano la justicia tiene que llegar", añadió.

La demanda contra Sánchez de Lozada, de 77 años, se presentó ante el tribunal federal del Maryland, en Baltimore. Una querella similar se inició contra el ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, en el tribunal federal del sur de Florida, en Miami. Ambos residen en EE UU desde 2003.

Mauricio Balcázar, asesor del ex gobernante, dijo que "se trata de persecución política encabezada por [el presidente de Bolivia] Evo Morales, quien es el principal perseguidor y ahora se ha convertido en juez".

El embajador de Bolivia en Washington, Gustavo Guzmán, dijo la semana pasada que su Gobierno solicitaría, en el curso de un mes, la extradición de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y el ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoague. Entre septiembre y octubre de 2003 se registraron en Bolivia, y especialmente en La Paz, protestas callejeras que culminaron con la salida del país del presidente Sánchez de Lozada y varios de sus colaboradores.

Las demandas responsabilizan a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por "su papel en el asesinato de civiles durante las protestas populares". En los disturbios murieron por lo menos 67 personas y más de 400 resultaron heridas. Los demandantes alegan que las fuerzas militares, bajo órdenes del ex presidente y el ex ministro de Defensa, dispararon contra los manifestantes.

"No es delito" en EE UU

Balcázar dijo que, ante las leyes de EE UU, "no es un delito que se ordene el restablecimiento del orden para que una ciudad recupere su suministro de alimentos y combustibles".

"Los familiares de las víctimas de las matanzas han recurrido a los tribunales de Estados Unidos porque no encuentran justicia en los de su país", dijo James Cavallaro, portavoz del Centro por los Derechos Constitucionales cuyos abogados introdujeron las demandas. Según Cavallaro, "prácticamente todas las personas muertas o heridas pertenecían a comunidades indígenas aymara".

"Preferiríamos que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fuesen devueltos a Bolivia para que enfrenten un juicio allá", dijo ayer en conferencia de prensa telefónica uno de los demandantes, Juan Patricio Quispe Mamani. "Pero si eso no ocurre, los tribunales estadounidenses son la mejor alternativa", añadió.