El Supremo de EE UU acepta revisar la constitucionalidad de las ejecuciones mediante inyección letal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha llegado hoy a un acuerdo para revisar la constitucionalidad de la aplicación de la inyección letal en las ejecuciones. El alto tribunal atiende así una demanda presentada por los presos Ralph Baze y Thomas Clyde Bowling Jr., ambos condenados a muerte en Kentucky y que recurrieron su sentencia en 2004 alegando que la inyección letal supone un castigo "cruel e inusual".

"Este es probablemente uno de los casos más importantes en décadas en lo que se refiere a la pena de muerte", ha declarado el abogado de oficio de Baze y Bowling, David Barron. Ambos reclusos habían argumentado que la inyección letal causa un daño y un sufrimiento innecesarios al condenado.

El Supremo ya había permitido anteriormente recurrir las ejecuciones mediante inyección letal, pero hasta hoy la justicia no había accedido a analizar si esta forma de ejecución, efectuada mediante una mezcla de productos químicos, viola la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos "crueles e inusuales".

Los dos presos presentaron sus recursos en 2004 y se anunció una vista para estudiarlos en 2005. Un juez de Kentucky decidió pese a ello mantener el uso de la inyección letal y el Supremo de ese Estado confirmó esta decisión, que fue recurrida por ello ante el Supremo de Estados Unidos.

La juez de distrito Aleta Trauger estableció la semana pasada que el método de inyección letal utilizado en el Estado de Tennessee es inconstitucional, por lo que ordenó a las autoridades que suspendieran esta práctica, las cuales, aunque estudian si apelan la decisión de la juez, han suspendido las ejecuciones pendientes.