Chiquita Brands pagará 25 millones de multa por financiar a los 'paras'

El juez de distrito de Washington DC Royce Lamberth autorizó ayer el acuerdo por el que la multinacional bananera Chiquita Brands International se comprometió a pagar una multa de 25 millones de dólares por los pagos hechos al grupo paramilitar colombiano Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ésta es la mayor sanción que se ha impuesto hasta el momento bajo la legislación antiterrorista de Estados Unidos.

El pasado marzo, Chiquita se declaró culpable de haber hecho más de 100 pagos a ese grupo paramilitar colombiano por un importe total de 1,7 millones de dólares.

La propia fiscalía se mostró la semana pasada favorable a que la empresa pagara los 25 millones de dólares, cantidad de la que ya ha abonado cinco millones, incluso antes de que el juez diera a conocer la sentencia.

La sentencia del juez Lamberth impone además a la empresa un periodo de prueba de cinco años, durante el cual deberá hacer pagos anuales de cinco millones, hasta completar la sanción.

Pago de extorsiones

Como parte del acuerdo, el Departamento de Justicia de EE UU también ha decidido no presentar cargos contra ex directivos implicados en los pagos efectuados a las AUC entre 1997 y 2004.

En declaraciones a la prensa, el asesor y ejecutivo de la multinacional James Thompson señaló que la sentencia es la "decisión correcta" y "responde a los esfuerzos de buena fe que ha hecho la compañía para manejar esta situación tan complicada".

Thompson insistió en que la empresa fue "obligada a pagar extorsiones" por parte de las AUC y que lo hizo con el "único objetivo de proteger las vidas de sus empleados y de sus familias".

A juicio del directivo de Chiquita, el juez ha valorado el hecho de que la empresa confesara voluntariamente los hechos y colaborara durante toda la investigación.

También el fiscal Jonathan Malis resaltó la disposición a colaborar de la compañía. Al mismo tiempo, subrayó que Chiquita hizo pagos millonarios para "financiar armas con las que las AUC mataron a civiles inocentes", y continuó con las transferencias aun después de confesar este delito a las autoridades en 2003.

Asesinato de civiles inocentes

Este hecho también lo destacó el juez Lamberth cuando pronunció la sentencia, al recordar que la conducta de Chiquita era ilegal y permitió a las AUC asesinar a civiles inocentes.

Dejó entrever, además, su preocupación por el hecho de que las recomendaciones de la fiscalía no recogieran la responsabilidad individual de los directivos en estas muertes.

El abogado defensor de Chiquita, Eric Holder, subrayó, por su parte, que Chiquita fue amenazada y alegó que los pagos realizados antes del 10 de septiembre de 2001 —fecha en la que el Gobierno de EE UU declaró a las AUC un grupo terrorista— no fueron ilegales.

Holder también apoyó su defensa en la "negativa" del Gobierno de dar una respuesta a Chiquita cuando sus directivos se dirigieron a las autoridades para conocer la postura del Departamento de Justicia sobre los pagos a las AUC.

Con esta sentencia, Chiquita podrá pasar página a un escándalo de alcance internacional, que comenzó con los pagos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que después se extendió a las AUC.

La filial de Chiquita en Colombia, Banadex, comenzó los pagos en en 1997, si bien fue en septiembre de 2000 cuando los ejecutivos de la multinacional se enteraron de su existencia a través de una auditoría interna.

El 10 de septiembre de 2001, el Departamento de Estado de EE UU declaró a las AUC un grupo terrorista, pero, debido a los atentados del día siguiente, la noticia pasó desapercibida y Chiquita sólo se enteró cuando un abogado se topó con ella en Internet en febrero de 2003, según la propia compañía.

Los más de 31.000 paramilitares de las AUC se desmovilizaron en el año 2006, tras las negociaciones de paz con el Gobierno de Álvaro Uribe que empezaron en 2003.