Argentina y Uruguay buscan resolver en Nueva York el conflicto de las papeleras
Las delegaciones de ambos países se reúnen durante dos días con la mediación de España
Argentina y Uruguay han iniciado una reunión en Nueva York, con la mediación de España, para intentar resolver el conflicto por la instalación de una planta de celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos, en el río que separa ambos países.
El embajador español ante la ONU, Juan Antonio Yañez-Barnuevo, auspicia la reunión y hace las funciones de "facilitador" del diálogo en nombre del rey Juan Carlos. Tras las dos jornadas de trabajo previstas, Argentina y Uruguay emitirán un comunicado conjunto para informar de los resultados de la cita.
El entendimiento para iniciar un diálogo directo entre Argentina y Uruguay, logrado en febrero pasado, fue el paso previo para la reunión que celebraron las delegaciones de ambos países el 18 de abril en Madrid. En ese encuentro acordaron continuar con las negociaciones en Nueva York.
El conflicto empezó hace tres años por la construcción de la planta de celulosa de la finlandesa Botnia en Fray Bentos, sobre el río Uruguay. En la actualidad, la papelera está terminada en un 90% pese a las denuncias de Argentina, que considera que constituye "una grave amenaza" para el medio ambiente de la región. El Gobierno uruguayo y la empresa finlandesa rechazan ese planteamiento.
Cortes de pasos fronterizos
Argentina recurrió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la decisión de Uruguay de autorizar la construcción de la planta. Su país vecino criticó ante esa misma instancia los bloqueos de los pasos fronterizos entre ambos estados llevados a cabo por habitantes de la provincia argentina de Entre Ríos, que se oponen a la instalación de la papelera.
La delegación argentina, encabezada por el jefe de Gabinete del ministerio de Exteriores, Alberto D'Alotto, ha avanzado que planteará con "argumentos técnicos y legales" las razones por las que la planta de Botnia debe "relocalizarse".
Uruguay, cuya delegación está encabezada por el director general del ministerio de Exteriores, José Luis Cancela, se opone al posible traslado de la empresa, que prácticamente está en condiciones de comenzar a operar en los próximos tres meses.
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