Reino Unido pretende convertir a todo tipo de funcionarios en soplones de la policía

El ministerio del Interior británico pretende que los funcionarios municipales, los médicos y otros profesionales contribuyan a prevenir delitos e informen a las autoridades de aquellas personas de las que sospechen que podrían llegar a cometerlos.

Un alto funcionario del Gobierno explicó al periódico The Times que, de llevarse a la práctica esos planes, numerosos datos, incluido el historial médico o mental de muchos individuos, circulará entre distintas agencias gubernamentales incluso si no hay pruebas definitivas del riesgo potencial que representan.

El documento que ha visto el periódico establece que "los organismos públicos tendrán acceso a valiosa información sobre personas de las que exista el peligro de que comentan graves actos de violencia o de que inversamente puedan convertirse en víctimas". "Los profesionales alertarán a la policía o a cualquier otra autoridad relevante si tienen buenos motivos" para creer que puede cometerse un acto de ese tipo, señala el documento filtrado.

Agencias de informantes

Pero las exigencias del Gobierno van incluso más allá, según esa fuente, ya que la simple forma de comportarse de un individuo puede dar lugar a una eventual denuncia a la policía. A este respecto se propone crear dos nuevas agencias para evaluar los datos suministrados por los informantes: la primera se encargaría de los delincuentes en potencia y la otra de las potenciales víctimas.

Según Simon King, que encabeza la unidad de crímenes violentos del ministerio del Interior, todavía quedan por resolver algunos puntos como el de qué se entiende por delito violento y qué circunstancias deben darse para lanzar una investigación. Asimismo hace falta elaborar la legislación que obligaría a los funcionarios a alertar a la policía sobre personas que no han cometido aún ningún crimen, pero que tienen un determinado "perfil de riesgo".

Clamor en los grupos de derechos civiles

Los grupos de defensa de los derechos civiles como "Liberty" se preguntan hasta dónde está dispuesto el Gobierno laborista a recortar las libertades en su aspiración a una "sociedad totalmente exenta de riesgos". El plan preocupa también a la oposición conservadora, cuyo portavoz del Interior, David Davis, se pregunta si la policía no tiene ya suficientes "cargas administrativas como para obligarla a examinar documentos basados en simples conjeturas y rumores".

Según fuentes oficiales, existen en este país ya más de 4,2 millones de cámaras de circuito cerrado de televisión, lo que equivale a una por cada catorce personas y el 20% de las cámaras de ese tipo que existen en todo el mundo. Ello significa que un ciudadano británico, sobre todo si vive en Londres, es captado por alguna de esas cámaras varios cientos de veces al día.

Según el llamado "comisario para la información", Richard Thomas, este país camina "sonámbulo" hacia una "sociedad sometida a continua vigilancia" puesto que el afán inquisitivo no se limita al Estado sino que se extiende al mundo empresarial, que no deja de recopilar datos sobre tarjetas de crédito, teléfonos móviles, direcciones de internet y otros.