El principio del fin de la impunidad

"Los pistoleros andan sueltos y la Policía Federal no es visible". Como si fuera una premonición, la frase figura en una de las últimas entradas del diario personal que la monja estadounidense Dorothy Stang escribió en su casa de Anapú, en el amazónico Estado de Pará (al noreste de Brasil). En febrero de 2005, seis tiros acabaron con su vida. Pero sus asesinos ?materiales e intelectuales? ya no andan sueltos: un jurado popular impuso en la madrugada de ayer 30 años de cárcel a Vladimiro Bastos de Moura, apodado Bida, un terrateniente que ordenó y pagó el asesinato de la religiosa cansado de las décadas de lucha que la mujer encabezaba en la zona contra los taladores furtivos de árboles y sus matones.

La condena de Bida cierra el círculo de pesquisas que han resuelto un caso que conmocionó a la opinión pública brasileña y que llevó al presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, a enviar al Ejército a Pará para acabar con la impunidad con la que madereros, garimpeiros ?buscadores de oro y piedras preciosas? y otros hombres convertidos en depredadores de la Amazonia actúan en la zona.

Anteriormente fueron enviados a prisión los dos pistoleros que una noche de hace poco más de dos años abordaron a la monja, de 72 años, en un camino y le descerrajaron seis tiros. La conocían perfectamente y ella sabía que ambos tenían orden de matarla. Tanto, que pocos días antes Stang les había rogado que no lo hicieran. Pero pesaron más los 22.000 dólares que otro hacendado, Amair Feijoli da Cunha, les había ofrecido por acabar con una de las defensoras más emblemáticas de los habitantes y la naturaleza del lugar.

A Stang la protegían una cruz, un pasaporte estadounidense y años de experiencia plantándose ante los atropellos, pero llegó un momento en que eso ya no fue suficiente. Su trabajo en la Pastoral de la Tierra de la Iglesia brasileña, al frente de un programa en un área autorizada por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, había levantado ampollas entre quienes consideran que están por encima de las leyes.

Feijoli da Cunha fue condenado a 27 años de cárcel, pero apenas era un intermediario. El cerebro era Bida, encarcelado hace un año y sometido al veredicto popular, que no ha dudado en declararle culpable por ordenar y pagar el crimen. Una suerte muy similar está prevista para el último socio de la trama, otro terrateniente llamado Regivaldo Pereira Galvão, alias Taradão, quien ha presentado un recurso antes de ser sometido a un jurado popular.

La condena de Bida ha sido celebrada hasta por el colegio de abogados de Brasil en Pará, que ha calificado de histórica las sentencia y subrayado la frustración que en las filas de la justicia y en el pueblo en general causa que los cerebros de este tipo de delitos queden impunes. Hasta ahora.