Un asesinato a sangre fría sin pleno castigo

Ramón Mauricio García-Prieto Giralt, de 32 años de edad, descendiente de una rica familia cafetera de El Salvador, fue asesinado a sangre fría a la entrada del domicilio de sus dos tías, en un exclusivo barrio residencial de la capital, San Salvador. Las únicas palabras de los dos homicidas fueron: “Te venimos a matar, hijo de puta”. El joven, ingeniero de profesión, llevaba a su hijo de cinco meses de edad en sus brazos.

En la refriega con los dos desconocidos, logró entregar el bebé a su esposa justo antes de que lo acribillaran a balazos. Este asesinato ocurrió el 10 de junio de 1994, a las 3.20 de la tarde. Los criminales desaparecieron de la vista en un vehículo de cristales oscuros y sin matrícula visible, en una forma de actuar propia de los temibles escuadrones de la muerte, que operaban antes y durante la guerra civil, concluida en 1992.

Desde entonces, las investigaciones, llevadas a cabo gracias a las presiones nacionales e internacionales, lograron localizar a tres de los autores materiales del homicidio; dos de ellos aún se encuentran en prisión. No obstante, según denuncias de las víctimas, “se necesita conocer toda la verdad y la justicia debe abarcar a los autores intelectuales también”. El caso quedó registrado por el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivaciones Políticas, auspiciado por Naciones Unidas (ONU).

Además, ha trascendido las fronteras de El Salvador: en la actualidad, se encuentra en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), que podría condenar a El Salvador por no impartir la debida justicia, pero también por no proteger a la familia de la víctima ante el sinnúmero de amenazas, atentados y atropellos de que han sido objeto, especialmente Gloria y Mauricio, padres del asesinado. La semana pasada, en una vista celebrada en la sede de la corte, en Costa Rica, el Estado guatemalteco anunció que había llegado a un arreglo amistoso con la viuda del asesinado, Carmen Estrada, que acudió con su propio abogado y renunció a seguir con el juicio. Sin embargo, los padres y el resto de la familia, como parte de las víctimas, aseguran que continuarán adelante con el proceso.

El caso es sui generis: se trata de una familia pudiente que demanda al Estado, al que acusa de proteger a escuadrones de la muerte, por un caso en el que el principal sospechoso es el general retirado Mauricio Vargas, uno de los firmantes de la paz salvadoreña en 1992. Por eso, la estrategia del Estado ante el órgano de justicia interamericano se basa en un intento de “descrédito” de los demandantes, a quienes “acusa” de inventar amenazas.

“En el caso de las desaparecidas niñas Serrano-Cruz [un caso en el que su familia ganó un pleito al Estadoen 2005], los agentes oficiales pretendieron demostrar la inexistencia de las menores, que fueron raptadas por el Ejército en 1981 en un operativo contrainsurgente”, dijo el abogado Benjamín Cuéllar, querellante y directivo de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

“El Estado salvadoreño está acostumbrado, como decimos en El Salvador, a jugar al fútbol en potreros y sin árbitros, donde se impone el más fuerte. Ahora, lo que intentan es terminar con el proceso al llegar a un arreglo económico con la viuda de García-Prieto Giralt. Con ello, el Gobierno salvadoreño cree que cerrará el caso, como dijo su representante, el ex canciller Óscar Santamaría”, opina Cuéllar.

“Con la viuda de mi hijo podrían llegar a un arreglo económico, que no conocemos. Pero su padre y yo, así como los hermanos de Ramón Mauricio, vamos a continuar adelante. Queremos la verdad, queremos que se investigue a todos los sospechosos y queremos que no se proteja a los escuadrones”, explicó ayer a EL PAÍS Gloria Giralt, quien asegura que dentro de un mes entregarán a la corte por escrito todas las denuncias. A partir de entonces, el Gobierno presentará sus descargos y finalmente se dictará sentencia en tres o cuatro meses.