Un juez peruano ordena el embargo de los bienes de Fujimori por una matanza de presos en 1992
La cantidad fijada por el magistrado asciende a tres millones de soles (728.000 euros)
Un juez peruano ha ordenado el embargo de los bienes y cuentas bancarias del ex presidente Alberto Fujimori para asegurar el pago de una reparación civil por la matanza de 41 presos acusados de terrorismo en 1992. La cantidad fijada por el juez Omar Pimentel asciende a tres millones de soles (940.000 dólares, 728.000 euros) aunque podría aumentar si la Procuraduría demuestra que las supuestas acciones de Fujimori generaron un prejuicio al Estado peruano.
Según informa el periódico La República, el magistrado también ha notificado a organismos públicos y entidades financieras que deben informar sobre las cuentas de ahorros, acciones y bienes registrados a nombre del ex presidente peruano.
En declaraciones a Efe, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos(CNDDHH), Pablo Rojas, ha calificado de "bajo" el monto del embargo establecido por el juez y ha subrayado que en Perú, las indemnizaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos no superan, en muchos casos, los 10.000 soles (3.000 dólares, 2.300 euros).
El 6 de mayo de 1992, el gobierno de Fujimori ordenó el traslado de cien presas acusadas de terrorismo desde el penal Miguel Castro a una cárcel de mujeres, lo que originó un supuesto motín. Tres días después, fuerzas especiales de la Policía y el Ejército asaltaron con granadas, explosivos y disparos el pabellón, supuestamente bajo la supervisión de Fujimori, donde estaban recluidos algunos dirigentes de Sendero Luminoso y varios acusados por terrorismo.
Informes forenses determinaron que muchos de los 41 reclusos fueron ejecutados extrajudicialmente, con balazos en la cabeza.
El juez Pimentel concluyó recientemente las investigaciones sobre el caso, tras recibir más de 100 testimonios de policías e internos que presenciaron el operativo denominado ‘Mudanza 1’.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en diciembre al Estado peruano por dicha matanza y solicitó el pago de indemnizaciones por unos 20 millones de dólares (15,5 millones de euros) así como realizar un acto público en desagravio a las víctimas.
El juez envió la semana pasada el expediente a la Segunda Fiscalía Supraprovincial para que evalúe si se inicia un juicio público o se amplían las investigaciones, agregó el rotativo peruano.
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