Un conflicto de 640 kilómetros

El Gobierno colombiano reanudó la pasada semana la fumigación aérea de cultivos de hoja de coca en su territorio fronterizo con Ecuador, una actividad que Colombia utiliza para erradicar la producción de la materia prima de la cocaína pero que había suspendido hace 10 meses en la frontera. La reacción del país vecino ha sido airada. Ecuador considera que los agentes químicos utilizados para la limpieza desde el aire de cultivos ilegales afectan al ecosistema de su territorio. Colombia, por su parte, pide “comprensión” a Ecuador y alega que el narcotráfico nutre y financia a las guerrillas que siembran de violencia el país.

Así, el conflicto bilateral ha ido enconándose día a día. Entre las medidas adoptadas por Quito, que ha calificado de “acto de hostilidad” la actitud de Bogotá, figura la llamada a consultas a su embajador en Colombia y la petición de intervención a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas.

Ecuador y Colombia comparten 640 kilómetros de frontera que van desde el océano Pacífico hasta la Amazonia. La mayor parte de ellos se encuentra bajo el control de grupos armados y narcotraficantes colombianos que suelen pasar a suelo ecuatoriano para abastecerse o descansar en su huida de la justicia de su país.

El contencioso provocado por un “abuso entre hermanos”

El Gobierno de Ecuador ha interpretado como un “acto de hostilidad” la reactivación por parte de Colombia de las fumigaciones aéreas sobre los cultivos de hoja de coca de la frontera entre ambos países. Dichas aspersiones habían sido suspendidas en una franja de 10 kilómetros de la franja fronteriza desde el pasado enero a petición del Ejecutivo ecuatoriano, que alega que los efectos nocivos de la utilización del glifosato en el medio ambiente y en la población se extienden a su territorio. No obstante, ahora el vecino país del norte ha incumplido el acuerdo con Ecuador y ha reanudado las fumigaciones. Esto ha provocado tensión en las relaciones bilaterales y un evidente endurecimiento de posturas. Y, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Carrión, “ha generado un sentimiento anticolombiano y una reacción hostil de la opinión pública” ecuatoriana. El canciller, además, advirtió que no aceptará presiones de Washington.

Carrión agregó que su país ha sido “enormemente solidario” con Colombia al recibir a millares de colombianos que llegaron desplazados a su territorio. “Se dice que hay mas de medio millón de colombianos que han venido y, la gran mayoría, sin papeles. A pesar de eso, tenemos esta respuesta inamistosa, que esta deteriorando nuestras relaciones”, se quejó Carrión. Por el momento, el Gobierno ha llamado a consultas a su embajador en Bogotá, Alejandro Suárez, y no descarta adoptar otras medidas para penalizar las fumigaciones, como el cierre de la frontera a los desplazados y la deportación de indocumentados y refugiados.

El diplomático utilizó duros términos para denunciar que, hasta el momento, el país vecino no ha aceptado elaborar un estudio para definir los términos de referencia sobre la inocuidad del glifosato en la salud de las personas, como sugirió el pasado febrero una misión de Naciones Unidas que visitó la frontera norte a petición de Ecuador.

De hecho, el presidente electo, Rafael Correa, ha manifestado su rechazo enérgico a las fumigaciones y ha pedido que intervengan la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas. Correa pronosticó que Colombia “tendrá que erradicar a pie” los cultivos ilegales en la zona limítrofe al oponerse a las aspersiones aéreas, que calificó de “terribles” y “muy perjudiciales para el país”. Añadió, además, que “se trata de un pueblo hermano; pero entre hermanos pueden darse abusos y esto es un abuso”.

Por su parte, el mandatario en funciones, Alfredo Palacio, durante una visita a la zona fronteriza la semana pasada, repudió la decisión del Gobierno colombiano, ya que “las fumigaciones aéreas atentan contra la vida de los pobladores”, por lo que demanda a Colombia su inmediata suspensión. Palacio, médico de profesión, indagó sobre las posibles consecuencias del herbicida, que presuntamente ya ha afectado a la salud de varios niños y madres de la zona, que muestran graves problemas epidérmicos.

La preocupación de los ecuatorianos es que el glifosato que utiliza Colombia para las aspersiones no sólo cause graves daños a las plantaciones, sino también a los animales y a los seres humanos, como cree la Fundación Natura. En 2003, un estudio del médico Adolfo Maldonado, de Acción Ecológica, una organización no gubernamental ecuatoriana, descubrió daños genéticos en varios pobladores de la localidad fronteriza de Sucumbíos que podrían derivar en cáncer, malformaciones congénitas y abortos.

La lucha contra “el combustible del terrorismo”

El general Daniel Castro, director de la Policía Nacional de Colombia, viajó el pasado viernes a la frontera con Ecuador y en una plantación de coca, a cinco kilómetros de la línea limítrofe, dejó que cayera sobre él una lluvia de glifosato, el herbicida utilizado en las fumigaciones aéreas para acabar con este cultivo ilegal. Lo hizo ante las cámaras de televisión, para demostrar, según sus palabras, que la lluvia del herbicida no afecta a las personas. Porque éste es el argumento fundamental que esgrime el Gobierno de Álvaro Uribe en la crisis con Ecuador, provocada por la reanudación de las fumigaciones en la franja fronteriza, en la que se han plantado 10.000 hectáreas de hoja de coca.

Para Ecuador, la actitud colombiana es “inamistosa” y “hostil”. Considera que el herbicida llega hasta su territorio y afecta a sus campesinos. Bogotá pide comprensión al país vecino, porque, dice, “la droga es el combustible del terrorismo”. El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, ha ofrecido no fumigar en los días de mucho viento. Pero esto no ha servido para paliar la crisis y el pasado viernes el embajador en Bogotá, Alejandro Suárez, fue llamado a consultas a Quito.

El argumento más utilizado por Colombia es un estudio realizado en abril del año pasado por una división especializada de la Organización de Estados Americanos (OEA). En él se afirmaba que el glifosato, tal como se usa en el programa de erradicación en Colombia , “no presenta un riesgo significativo para la salud humana”. Ricardo Vargas, experto en el tema, asegura que el estudio de la OEA no es demasiado riguroso en lo que se refiere a la salud, ya que no está basado en análisis de campo. “Es más un estudio de impacto ambiental”, asegura. Además, considera un error equiparar, como han hecho algunos funcionarios en medio del conflicto, el impacto del glifosato en cultivos como el banano con el que se utiliza ahora desde el aire, porque “los niveles de concentración y las dosis son distintas”.

Para Vargas, esta crisis está causada por la política oficial de definir la droga como la principal vía de financiación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más poderosa guerrilla del país. “En las zonas donde hay control de esta guerrilla, la posición [del Gobierno] es radical: llega incluso a sacrificar relaciones binacionales”, explica.

Hace años que la situación en la frontera entre Ecuador y Colombia, de 640 kilómetros, ha cambiado de amistosa a caliente: por allí entran los productos necesarios para el procesamiento y fabricación de la cocaína y también entran y salen guerrilleros y paramilitares. El temor de Ecuador es que Colombia exporte su conflicto interno. Pero cada día desempeña un papel más relevante en la salida de droga por su costa del océano Pacífico. Hasta 2004, el promedio de incautación anual de droga era de 4,5 toneladas. El año pasado subió a 45 toneladas.

¿Erradicación manual? El Gobierno asegura que ocurriría lo mismo que en el parque natural La Macarena, una zona histórica de la guerrilla de las FARC. En ese lugar hubo de suspenderse el trabajo de los erradicadores tras la muerte de varios de ellos por la explosión de minas colocadas en la raíz de los arbustos. Con todo, algunos analistas creen que las circunstancias en la frontera serían distintas, ya que la presencia de la guerrilla en la franja limítrofe con Ecuador es más reciente y, por tanto, su control es menor.