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Un proceso de paz en fase terminal

La decisión del Gobierno colombiano de trasladar a jefes paramilitares desde un centro especial a una cárcel desata una nueva crisis en las negociaciones de desmovilización

Francisco Aponte, portavoz de los paramilitares colombianos, declaraba con pesimismo el pasado lunes en una conferencia de prensa: “El proceso de paz con los paramilitares está en etapa terminal”.

El motivo de esta nueva crisis, en un proceso que ha avanzado en medio de duras críticas, es el traslado de 59 jefes de estos grupos de extrema derecha desde un centro de reclusión especial a una cárcel de máxima seguridad, en el área metropolitana de Medellín, la segunda ciudad el país.

La orden la dio el viernes de manera sorpresiva el presidente, Álvaro Uribe. Según él, había rumores insistentes sobre una fuga; además, aseguró que desde el centro de reclusión especial ?un antiguo hotel en La Ceja, una población cercana a Medellín? se estaban ordenando asesinatos.

Mandos medios de estos grupos han sido asesinados en los últimos días, posiblemente por un ajuste de cuentas en la lucha por el control del negocio de la droga o para evitar delaciones.

El presidente había advertido que, si se comprobaba la relación con estos asesinatos, los culpables perderían los beneficios legales que les da la Ley de Justicia y Paz, creada para ellos. Amenazó incluso con aplicar el castigo más temido por los paras: la extradición a Estados Unidos.

Mientras se desarrolla el proceso de paz, las órdenes de extradición que pesan sobre varios comandantes paramilitares por sus negocios de narcotráfico están suspendidas.

Los paramilitares niegan las acusaciones y responsabilizan al presidente Uribe del posible fracaso del proceso. Es más, como explicó Aponte en la conferencia de prensa, se sienten en peligro. Asegura que hay una lista de 80 amenazados de muerte y explicó que los comandantes encarcelados creen que los van a envenenar; por eso, sus familiares contratan fuera del penal la alimentación que reciben.

En abril terminó la desmovilización de más de 30.000 combatientes de estos grupos, que sembraron el terror a lo largo y ancho del país durante más de 10 años. Sus jefes, que hoy están a la espera de que se les aplique la ley, siempre rechazaron la opción de aceptar condenas en cárceles, por lo que se habló de centros especiales de reclusión, como granjas agrícolas. De ahí que ahora denuncien que el Gobierno ha incumplido su promesa.

Curiosamente, los paramilitares y la oposición han coincidido en la misma interpretación: para ambos, la sorpresiva decisión de traslado es una cortina de humo para desviar la atención del caso de la alianza entre altas esferas políticas y el paramilitarismo. El escándalo ya ha provocado que tres congresistas sean encarcelados y varios investigados, todos ellos uribistas; a dos ex altos funcionarios del Estado se encuentran prófugos de la justicia. Según el número de la revista Semana que circula desde el domingo, parte de la explicación se encuentra en el hecho de que el Gobierno trata de tranquilizar a Estados Unidos con un gesto de firmeza hacia los paras, ya que es obvia la preocupación de Washington por las dimensiones del escándalo.

El traslado de los comandantes, revestido de espectacularidad con la intervención de helicópteros, tanques y vehículos militares, se produjo poco antes de que se hiciera público un informe de la fiscalía que asegura que en la cárcel provisional de La Ceja los paras disfrutaban de lujos y de poca seguridad. El Gobierno, por su parte, evita las comparaciones con lo vivido en época de Pablo Escobar, jefe entre los jefes del narcotráfico colombiano, muerto en 1993, que estuvo recluido en una prisión desde donde controlada sus negocios y daba órdenes de asesinato.