Guatemala, de nuevo en un banquillo internacional

Por primera vez en la historia de Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, entidad de la Organización de Estados Americanos destinada a velar por los derechos de la persona) ha admitido a trámite una denuncia sobre la "irresponsabilidad del Estado guatemalteco en la investigación por la desaparición y posterior muerte de María Isabel Véliz Franco, hecho sucedido en el año 2001, cuando la víctima tenía 15 años", informó la organización humanitaria Red de la No Violencia Contra la Mujer.

El pronunciamiento de la CIDH es fruto de un largo proceso, encabezado por la madre de la víctima, Rosa Franco, quien, con el acompañamiento de la citada Red y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, realizaron las diligencias pertinentes, "ante la extrema negligencia del Estado para realizar las investigaciones necesarias que permitan encontrar y castigar a los responsables del asesinato de la joven".

El anuncio fue acogido como un primer peldaño en la lucha de las mujeres guatemaltecas por reivindicar su dignidad y derechos, mientras el Estado se ha mostrado incapaz de cumplir con su obligación primaria de proteger la vida de sus gobernados. Las estadísticas hablan por sí solas: en los primeros 10 meses de 2006 han sido asesinadas 450 mujeres, se han denunciado 850 violaciones sexuales y 10.084 casos de agresiones físicas. De acuerdo con cifras de la oficina del Defensor del Pueblo, 1.188 niñas y mujeres fueron asesinadas entre 2002 y 2004.

Sólo el 9% de estos casos ha sido investigado, "sin que hasta la fecha haya una sola condena en firme", dijo a EL PAÍS la abogada Hilda Morales, de la Red de la No Violencia contra la Mujer. Morales añadió que la decisión del organismo internacional es una advertencia al Estado guatemalteco y "el inicio de una presión más decisiva para que se haga justicia en el caso de los asesinatos de mujeres".

Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eliú Higueros, afirmó que la decisión de la CIDH "motiva" a la justicia guatemalteca a luchar porque ésta sea pronta y cumplida en las denuncias de género. "Vamos a demostrar, tanto a nivel nacional como internacional, que el organismo judicial está empeñado en tomar acciones prontas y cumplidas para suplir estas deficiencias". Entre éstas, Higueros cita el inicio de cursos de capacitación para jueces en el tema de violencia de género y la creación de una Unidad Específica de la Mujer, que, entre otras atribuciones, velará por el respeto de la dignidad femenina y vigilará que los procesos en contra de los agresores se realicen con la debida prontitud.

Pese a que cada día hay más conciencia de la necesidad de respetar la dignidad femenina, el camino por recorrer deberá superar obstáculos seculares como la mentalidad machista que impera en el país, de la que ni siquiera el propio Estado puede sustraerse. Representantes de la Red señalan que la discriminación constituye un obstáculo en el proceso de investigación de la violencia. "Es común que las autoridades de las dependencias del Estado se den a la tarea de denigrar a las mujeres asesinadas, señalándolas de prostitutas o de tener vínculos con las pandillas juveniles, para disimular su incompetencia en la investigación y garantizar su seguridad".

Ante esta lacerante realidad y con motivo de la celebracón, el pasado sábado, del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, las organizaciones feministas realizaron un pronunciamiento en el cual demandan al poder judicial la agilización de la justicia en los casos de violencia de género. Al Ministerio del Interior le reclaman que garantice la vida y la seguridad de las mujeres, así como que capacite y sensibilice a su personal para que no haga sujeto de abusos de toda naturaleza a quienes denuncian ser víctimas de maltrato.

También piden a la fiscalía que se dé la debida prioridad a la investigación de los casos de violencia y se rindan informes públicos y periódicos sobre los avances y retrocesos de los procesos en contra de los agresores. Reclaman al Congreso que agilice la aprobación de leyes asociadas a lo laboral, penal y civil que estén relacionadas con cualquier forma de discriminación, así como que sean tipificados los delitos de violencia doméstica, acoso y explotación sexual, comercial y laboral.