"No se debe ideologizar la política económica"

Pregunta: ¿Cuál es la receta?

Respuesta: Volver a los fundamentos macroeconómicos y lograr estabilidad con el manejo de tres variables: el control del gasto, una reforma fiscal que ha permitido incrementar los ingresos y el control del endeudamiento. La recuperación de la confianza ha generado nuevas inversiones y la tasa de cambio permanece estable. El sector de la construcción ha crecido un 26% en el último cuatrimestre, como el turismo, donde las inversiones superan los 1.500 millones de dólares.

P. ¿Cómo les ha afectado la supresión de cuotas a los productos textiles y la entrada de China en el mercado estadounidense?

R. Muy mal. Las zonas francas dominicanas perdieron 37.000 empleos en 2005. Pero dos factores hacen presumir una mejora de la situación: nuestro acuerdo de libre comercio con EE UU, en julio, y el hecho de que Washington ha presionado a China para una apreciación de su tipo de cambio y ha puesto nuevamente cuotas.

P. ¿Hay otras apuestas, aparte del turismo y los textiles, donde hay mucha competencia, para lograr un desarrollo sostenible?

R. El sistema de zonas francas ha estado divorciado de la industria local: queremos hacer una convergencia, para que la industria local apoye como proveedor de las zonas francas y dinamizar así la economía. En el sector de textiles se están produciendo cambios: antes se trataba de una producción en serie. Ahora se va a un mercado más exigente y competitivo: se trabaja con marcas, dentro de los circuitos de la moda. Y avanzamos de un modelo de trabajo intensivo hacia uno de capital intensivo, hacia el área de las nuevas tecnologías, con iniciativas como el Parque Cibernético de Santo Domingo. Queremos convertir a la República Dominicana en un centro regional de bienes y servicios vinculados con la tecnología de la información, la biotecnología o la industria farmacéutica. Será también una manera de recuperar a los jóvenes que están en la diáspora, sobre todo en EE UU, e integrarlos en esta nueva estrategia de desarrollo.

P. La receta económica que aplica, y que da resultados, ¿es extrapolable al resto de Latinoamérica?

R. Sin duda alguna. Lo que no se debe hacer en América Latina es ideologizar la política económica. Lo que cuenta es qué da resultados y qué no. Un déficit fiscal no es de derechas ni de izquierdas, es un problema de buena gestión. Primero, hay que optar por un sistema que respete los derechos humanos, la seguridad jurídica, que promueva la inversión, que cree un Estado de derecho democrático y confiable. En la parte económica, hay que intentar garantizar un crecimiento superior al 6% del PIB. Y entender el crecimiento no como un fin en sí mismo: hay que invertir en educación, salud, seguridad social y pensiones para enfrentar la pobreza y la inequidad social.

P. ¿Cómo analiza el rebrote del populismo en el continente?

R. Hay que entenderlo en su contexto. La transición democrática en Latinoamérica se produjo en un contexto de crisis. La democracia coexiste con la pobreza. La receta que se dio fue la del Consenso de Washington. El mercado contribuyó a poner en orden los excesos del populismo anterior (hiperinflación, déficit fiscal), pero el mercado no establece mecanismos de equidad ni resuelve los problemas sociales. Por eso la retórica populista encuentra cierto atractivo. No hay que irse a los extremos. Nosotros planteamos la vinculación del Estado y del mercado, cada quien con su papel: el mercado, como un instrumento de asignación de recursos en una economía de libre competencia, el Estado como garante de una redistribución de la riqueza. Tenemos que entrar en el post-populismo y en el post-neoliberalismo, lo que significa la economía social de mercado. Si pudiéramos clonar en América Latina el modelo español, sería fantástico.

P. ¿Por qué hay tanta resistencia a las privatizaciones?

R. Existe la percepción de que el bien público es un bien popular, y se estima que la privatización significa enajenar un bien que pertenece al pueblo. Eso es un concepto ideológico. ¿Por qué privatizar? Por necesidad. Estas empresas estatales eran ineficientes, tenían nóminas excesivas, había que financiarlas con fondos públicos. Estaban quitando recursos que podían ir a educación, a salud o a otras necesidades. Pero ya en el proceso de la ejecución de los proyectos se han detectado problemas de corrupción y eso ha desacreditado las privatizaciones. En la República Dominicana hemos hecho proyectos de capitalización, promoviendo una inversión privada equivalente al 50% del valor del mercado de los activos de esas empresas.

P. Las acusaciones de corrupción salpican prácticamente a todos los Gobiernos. ¿Qué medidas ha tomado para combatirla?

R. Es legítimo exigir rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Hay que aplicar una política de prevención y una política punitiva. Así lo llevamos a cabo. Creamos una comisión nacional de ética y asumimos las convenciones de la OEA y la ONU. Lo que no es válido, y esto está proliferando en América Latina, es que se utilice la lucha anticorrupción como pretexto para eliminar adversarios. Hoy la lucha contra la corrupción es como el sustituto de la persecución del comunismo de la época de la guerra fría. Es un arma de desprestigio. La judicialización de la política no es buena. El debate político tiene su propio espacio.

P. Las relaciones de República Dominicana con su vecino Haití han sido históricamente tormentosas. ¿Cómo ve el actual proceso de estabilización política?

R. Estamos muy esperanzados. Creo que las relaciones van a mejorar significativamente con el triunfo electoral del presidente René Préval, con el que hemos reactivado la comisión mixta bilateral para tratar los problemas comunes: inmigración, frontera, seguridad, comercio, inversión, medio ambiente y sanidad.

P. Las denuncias sobre las deportaciones masivas de trabajadores haitianos o sobre sus malas condiciones de vida en suelo dominicano son recurrentes.

R. El conflicto migratorio es un tema de muchos años, que se ha agravado en los últimos tiempos con el empeoramiento de la crisis política haitiana. Nosotros adoptamos una política de repatriación de los indocumentados. Quizás, lo reconocemos, en algún momento no se utilizaron los mejores métodos, en el sentido de respeto al debido proceso establecido por las normas internacionales. Estamos prestando atención para que se respeten los derechos humanos, pero la repatriación de un extranjero indocumentado es una expresión del ejercicio de la soberanía nacional. Hay otros problemas del pasado, como los cortadores de caña que están en los bateyes (ingenios azucareros). El Gobierno está trabajando por mejorar sus condiciones de vida, que son muy parecidas a las que tienen en Haití. Son también hábitos culturales: se establecen en enclaves en áreas de la producción de caña, con costumbres diferentes a las nuestras, y a veces los medios internacionales lo presentan como un método de explotación, cuando no es así.