El Parlamento de Brasil aprueba la apertura de un proceso contra 13 diputados
Es el primer golpe producido por el escándalo del presunto soborno por parte del Gobierno a diputados: la Cámara del Parlamento ha decidido enviar a 13 diputados a la Comisión de Ética para que sea abierto contra ellos un proceso que les llevaría a la pérdida de mandato.
De ellos, siete son de la formación en el Gobierno, el Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seis de los partidos aliados y uno de la oposición. Todos están acusados de haber recibido ilegalmente dinero procedente de las cuentas del empresario Marcos Valerio, considerado la figura clave del esquema de corrupción del PT.
Casi todos los acusados son diputados de primer rango en el Parlamento. Figuran en la lista, entre otros, el ex ministro y brazo derecho de Lula, José Dirceu; el ex presidente del Parlamento, João Paulo Cunha; el líder del Gobierno en el Parlamento, Professor Luizinho; el ex líder del Partido del Movimiento Democrático (PMDB), José Borba, y el presidente del Partido Popular (PP), Pedro Correa. Otros dos diputados ya habian renunciado voluntariamente al mandato para evitar el proceso: el pastor protestante Carlos Rodriguez, del Partido Liberal (PL), y Valdemar Costa Neto, presidente del mismo partido.
A pesar de que existieron fuertes presiones por parte del Gobierno para evitar que la Mesa de la Cámara tomase esta decisión, fue tal la presión de la opinión pública que todos los miembros menos uno aprobaron el envío de los 14 diputados al juicio de la Comisión de Ética. Si ésta pide ahora, como todo hace prever, que el Parlamento vote la pérdida de mandato de dichos diputados, deberá abrirse una votación del plenario para cada uno de ellos, que podrán llevar abogados para su defensa. El primer diputado que ya pasó por la votación del plenario fue el gran acusador del escándalo, el ex presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil (PTB), Roberto Jefferson, que acabó perdiendo su mandato, pero que ha arrastrado con él a otros 13 importantes miembros del Parlamento.
Los diputados implicados tienen hasta el martes para renunciar voluntariamente a su escaño y evitar el proceso, una decisión de doble filo, pues conllevaría una aceptación implícita de las acusaciones.
