Colombia rechaza una petición de asilo de golpistas venezolanos

El Gobierno de Colombia rechazó ayer la petición de asilo político formulada por un ex diplomático y ocho militares venezolanos que participaron en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002. Los golpistas habían solicitado a las autoridades colombianas que les otorgasen el estatus de refugiados alegando persecución política en su país, ya que en 2004 se reabrió un proceso judicial en su contra por rebelión. "El Gobierno colombiano les ha denegado la condición de refugiados", informó ayer una fuente gubernamental, aunque sin explicar los motivos del rechazo.Los militares, entre quienes se cuentan un vicealmirante y tres generales, alegan que son perseguidos políticos del Gobierno venezolano, toda vez que en diciembre de 2004 se reabrió en contra de ellos un proceso judicial por rebelión, que podría llevarlos a prisión a cumplir largas condenas.

A la cabeza del grupo se encuentra el vicealmirante retirado Héctor Ramírez Pérez, quien ejerció el cargo de ministro de Defensa en el fallido Gobierno transitorio del empresario Pedro Carmona Estanga, que derrocó a Chávez, pero tan sólo se mantuvo en el poder durante 47 horas.

Ramírez Pérez y otros ocho oficiales, así como un ex diplomático también acusado de golpista, se encontraban desde hace varios meses en territorio de Colombia, con un permiso de residencia que está a punto de expirar. Ya los militares habían solicitado en una ocasión que se les concediera la categoría de refugiados, pero el Gobierno colombiano se la denegó. Ahora han pedido una reconsideración de sus casos.

En Colombia, aunque en condición de asilado, también se encuentra desde 2002 Carmona Estanga, quien logró evadir a sus guardianes cuando se encontraba en su casa, bajo arresto domiciliario.

Ramírez Pérez fue el oficial que leyó, en nombre de un grupo de altos mandos, un documento mediante el cual desconocían la autoridad de Chávez, la tarde del 11 de abril de 2002. Los oficiales justificaron el pronunciamiento alegando que el Gobierno de Chávez había asesinado a ocho manifestantes y herido a varias decenas más al reprimir una gigantesca marcha de opositores. En la misma situación se encuentra el general de la Aviación Pedro Pereira. Al resto de los solicitantes de refugio no se les ha identificado en los informes de prensa.

Los generales y almirantes que encabezaron el golpe contra Chávez fueron sometidos en 2002 a un proceso conocido como antejuicio de mérito, un privilegio que contempla la Constitución venezolana para los altos funcionarios y los oficiales de máximo rango de la Fuerza Armada. Antes de iniciar un proceso judicial contra alguna de estas personas, el Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse sobre si hay o no méritos para abrir el juicio. En agosto de 2002, la Sala Plena del alto tribunal declaró, tras una votación muy disputada, que no se debía emprender el juicio, pues los militares habían actuado "preñados de buenas intenciones".

Sin embargo, en diciembre de 2004, la Sala Constitucional del TSJ revisó la sentencia y acordó ordenar un nuevo proceso. Los oficiales argumentan que se trata de un juicio político.

Tras ser exculpado en agosto de 2002, un numeroso grupo de militares se declaró en desobediencia legítima, tomaron la plaza de Altamira, en una barriada de clase alta de Caracas, y allí permanecieron durante varios meses, funcionando como un epicentro de las actividades de la oposición.

Otro de los oficiales que se rebeló contra el Gobierno de Chávez el 11 de abril de 2002, el general Carlos Alfonzo Martínez, permaneció en Venezuela y fue sometido a un intrincado juicio por el que ha pasado una parte del tiempo en arresto domiciliario y otra, en una cárcel militar. Alfonzo ha sido propuesto como candidato a la Asamblea Nacional (Parlamento) para las elecciones que se realizarán el próximo 4 de diciembre. De resultar electo, deberá interrumpirse el proceso judicial en su contra.