Un atentado acaba con la vida del fiscal que investigó el golpe de Estado contra Hugo Chávez

El temor a un nuevo estallido de violencia en Venezuela se ha incrementado en las últimas horas tras el asesinato del fiscal Danilo Anderson, cuyo departamento inició hace semanas una investigación para aclarar la participación de 400 opositores en el fallido golpe de Estado de 2002 contra el presidente venezolano Hugo Chávez.

Anderson, de 38 años, murió la pasada madrugada tras hacer explosión dos potentes artefactos en el coche en el que regresaba a su domicilio de Caracas.

En una reunión de urgencia, celebrada esta tarde en la capital venezolana, el Ejecutivo ha dictado medidas de "alta seguridad", sin incluir el estado de excepción. "Se adoptarán una serie de medidas de todo tipo, de alta seguridad, policiales, que no incluirán la suspensión de garantías constitucionales", ha anunciado el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, antes de entrar en la reunión, que agrupa a todos los poderes públicos. "No haremos señalamientos a priori sobre este brutal acto terrorista, al que el gobierno concede gravedad extraordinaria, pero se hará una investigación a fondo y se aplicará la ley con todo rigor", ha subrayado Rangel.

El asesinato de Anderson ha motivado también la suspensión del viaje que el presidente Chávez tenía previsto hoy a Costa Rica para participar en la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Al mismo tiempo, el fiscal general, Isaías Rodríguez, ha instado a los venezolanos a manifestarse por las calles de Caracas en repudio al atentado y ha asegurado que el crimen no quedará impune frente a decenas de personas reunidas frente a la Fiscalía que gritaban: "Justicia, justicia".

Condena unánime

Desde el Gobierno y la oposición se han lanzado llamamientos a la calma ante el temor a que una espiral de violencia política vuelva a desestabilizar Venezuela. Además, ambos bandos han condenado de forma unánime el asesinato de Anderson. El dirigente de la extinta alianza opositora Coordinadora Democrática, Pompeyo Márquez, ha expresado su "condena categórica". "Independientemente de que Anderson haya sido un instrumento represivo de este Gobierno, no puede ser la solución un atentado terrorista. No tengo duda de que el país reaccionará unánimemente condenando este hecho terrorista que ha cobrado la vida de una persona", ha declarado Márquez a la emisora Unión Radio.

El polémico fiscal había sido duramente vilipendiado por la oposición venezolana como "brazo ejecutor" de una supuesta venganza política de Chávez contra sus adversarios, tras el triunfo del presidente en el referéndum revocatorio del pasado 15 de agosto.

En el lado oficialista ha habido disparidad de criterios sobre la posible autoría del atentado, y, mientras unos han acusado directamente a fuerzas opositoras, otras voces como la del diputado Ismael Medina, lo han atribuido a "intereses que intentan desestabilizar Venezuela".

Un país marcado por la violencia política

Anderson ya había sufrido amenazas de muerte en varias ocasiones. El pasado mes de octubre fue agredido por unos desconocidos, que le asaltaron cuando hacía unas compras en un centro comercial de la capital venezolana. El asesinato del fiscal ha puesto fin a un aparente periodo de calma en Venezuela, después de más de dos años de violenta confrontación social y política entre seguidores y adversarios de Chávez que causaron más de una decena de muertos y cientos de heridos.

El pasado año, dos bombas explotaron frente a delegaciones diplomáticas españolas y colombianas en la capital venezolana sin causar víctimas, en otro atentado terrorista del que han sido acusados militares opositores a Chávez que han pedido asilo político en Estados Unidos.

En las últimas semanas, el presidente venezolano había insistido en sus llamadas al diálogo para acometer una nueva etapa en el desarrollo del país, pero también consideró que "no era el momento" de conceder la amnistía política que solicitaba la oposición.