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Bush designa como fiscal general a un ex juez que justificó el uso de las torturas

Alberto Gonzales colaboró en la redacción de un informe que defendía que la Convención de Ginebra no es aplicable a los presos de Guantánamo

Alberto Gonzales, hasta ahora el principal asesor legal de la Casa Blanca, será el próximo fiscal general de Estados Unidos, un puesto con atribuciones similares al de ministro de Justicia. El presidente norteamericano, George W. Bush, reelegido para el cargo el pasado 2 de noviembre, ha anunciado hoy su nombramiento en sustitución de John Ascroft, cuya dimisión se hizo pública el pasado martes.

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Gonzales, uno de los consejeros de confianza de Bush, fue miembro del Tribunal Supremo del Estado de Tejas, y había sonado también como candidato a la máxima instancia judicial a nivel nacional cuando se produjera una vacante. Se trata del primer hispano que ocupa este puesto de responsabilidad.

Sin embargo, su nombre quedó envuelto en cierta polémica por su participación en la redacción de un informe defendiendo que la Convención de Ginebra no se puede aplicar a los presos capturados en Afganistán y encarcelados en la base militar de Guantánamo, así como en otros estudios oficiales en los que justificaba el uso de la tortura con supuestos terroristas, hechos públicos para contrarrestar el escándalo de Abu Ghraib.

Otro de los posibles candidatos, el ex vicefiscal general Larry Thompson, se borró de la pugna al señalar que quería permanecer en el consejo de administración de Pepsico.

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