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Brasil estrena con polémica una ley que permite derribar aviones sospechosos de narcotráfico

Varias organizaciones denuncian que la norma contradice a la Constitución

La Fuerza Aérea brasileña cuenta desde hoy con autorización legal para derribar cualquier avión sospechoso de narcotráfico que viole el espacio aéreo de Brasil. Entra en vigor una polémica ley con la que se muestran en desacuerdo organizaciones de Derechos Humanos, que además de peligrosa, ven la norma contraria a la Constitución.

Según las autoridades, la medida es necesaria para detener "el incremento del tráfico de drogas desde países vecinos", presuntamente facilitado por los miles de aviones no identificados que cada año penetran en el espacio aéreo de Brasil.

El ministro brasileño de Defensa, José Viegas, ha afirmado que los pilotos y usuarios de aviones ligeros han sido adecuadamente advertidos, y que la Fuerza Aérea estará sometida a una estricta regulación antes de proceder al derribo de una nave. El reglamento establece que cuando se detecta una nave, un piloto militar despegará desde la base más cercana, intentará entrar en comunicación por radio y señales visuales con el piloto del avión no identificado y tratará de forzar un cambio de ruta. En caso de que no haya respuesta, se harán disparos de advertencia, y por último, previa autorización del comando de la aeronáutica, se realizarán disparos directos.

Una iniciativa similar en Colombia

Sin embargo, activistas de los Derechos Humanos alegan que la práctica es peligrosa y puede violar la Constitución del país. "Estamos preocupados por la posibilidad de que un programa antinarcóticos aéreo pueda violar las normas internacionales sobre el uso intencional de fuerza letal", según ha señalado Reed Brodey, consejero del grupo Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.

Brodey recordó que -según estas normas- "el uso de la fuerza debe aplicarse sólo en autodefensa contra una amenaza de muerte inminente o lesiones serias". En América Latina, sólo Colombia utiliza una práctica similar a la aplicada ahora en Brasil. Este último país es considerado un importante punto de tránsito de la cocaína procedente de Bolivia, Colombia y Perú.

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