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Retirados los cargos contra la ex agente que desveló el caso de espionaje en la ONU

La traductora absuelta asegura que no se arrepiente de haber filtrado datos secretos y que volvería a hacerlo

La fiscalía británica ha anunciado esta mañana que retira los cargos de violación de la Ley de Secretos Oficiales contra Katharine Gun, la traductora que filtró a la prensa en marzo de 2003 un memorándum a través del cual la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU solicitó al Centro de Comunicaciones del Gobierno británico el monetaje de escuchas telefónicas e interceptación de e-mails en las embajadas de seis países ante las Naciones Unidas, para conocer su previsible posición ante una eventual propuesta de segunda resolución en el Consejo de Seguridad favorable al uso de la fuerza en Irak. Según confirmó a EL PAIS el ex embajador de Chile ante la ONU, Juan Gabriel Valdés, él mismo pudo comprobar que en la misión chilena ante la ONU se practicó una intervención de los teléfonos. Tras escuchar el retiro de los cargos que durante cuatro meses había mantenido el Gobierno Blair, a través del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), el juez ha declarado a Gun inocente.

La traductora, de 29 años, se confesó responsable el 5 de marzo de 2003, inmediatamente después de la filtración. Explicó que se acogía a una razón de necesidad, por la cual tenía que hacer todo lo posible para evitar una guerra en la que morirían muchas personas. Una razón que la defensa esgrimió en el intercambio preliminar de escritos es que el abogado del Estado británico, Lord Goldsmith, emitió en febrero de 2003 un dictamen para el gobierno de Tony Blair en el cual se sostenía que la resolución 1.441 del Consejo de Seguridad de noviembre de 2002 no era suficiente para desencadenar la guerra y que era necesario una segunda resolución. El informe nunca se conoció en su integridad.

En la vista celebrada esta mañana para fijar la fecha del juicio, Gun se declaró no culpable del cargo de haber violado la Ley de Secretos Oficiales de 1989 entre el 30 de enero de 2003 y el 2 de marzo de dicho año. Poco después, el fiscal de la Corona, Mark Ellison, ha informado al tribunal que el caso no seguría adelante por falta de pruebas. "No hay suficientes evidencias para una expectativa realista de condena", ha apuntado el fiscal, que no ha dado más detalles. Nada más salir de la sala, ha ex espía ha declarado: "No tengo remordimientos y lo volvería a hacer".

Por razones políticas

El caso se remonta a marzo de 2003, cuando EE UU, Reino Unido y España pidieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que diera luz verde a la guerra de Irak mediante una segunda resolución que fuera más allá de las "graves consecuencias" para el régimen de las que advertía en la resolución 1441, aprobada en noviembre de 2002. El semanario The Observer publicó entonces un memorándum secreto en el que Washington pedía ayuda a Londres para pinchar los teléfonos de los representantes de Angola, Camerún, Chile, Bulgaria, Guinea Conakry y Pakistán, países considerados del grupo de los indecisos en las negociaciones.

Gun, que fue detenida en marzo y despedida de su empleo como traductora en junio, argumentó que todo lo que hizo "estuvo justificado porque demostraba la ilegalidad en la que estaba actuando EE UU" y declaró que había actuado para evitar muertes de soldados y civiles en una guerra que considera injusta. El grupo de defensa de los Derechos Humanos Liberty, que ha apoyado a Gun durante todo el proceso, ha señalado que, en la decisión de la Fiscalía, han podido pesar motivos políticos.

"Uno se pregunta si una exposición pública en este juicio criminal no habría sido demasiado embarazosa", ha señalado en este sentido el militante Shami Chakrabarti a la BBC. Según el diario The Guardian, el hecho de que no se presentaran cargos contra Gun hasta el pasado 13 de noviembre revela una lucha interna en círculos del Gobierno y del Centro de Comunicaciones sobre la conveniencia de celebrar un juicio sobre los secretos oficiales y sobre un tema, la guerra de Irak, que mantiene dividido al país. El caso, argumentaba el diario la semana pasada, puede resultar muy embarazoso para el Gobierno, dado que daría al Centro de Comunicaciones una publicidad no deseada. A esto se suma el hecho de que los abogados de Gun planeaban pedir la desclasificación de la opinión emitida por Goldsmith.