El Supremo de EE UU ampara la política de secretismo de Bush con los detenidos tras el 11-S

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha amparado hoy uno de los episodios más oscuros de la guerra sin cuartel emprendida por George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Las redadas y operaciones policiales a raíz de los ataques llevaron a prisión a más de 700 personas, en su mayoría extranjeros (y de origen musulmán) que en muchos casos han sido ya deportados. Todo este proceso se ha mantenido en el más absoluto de los secretos, hasta el punto de que los nombres de los detenidos no se conocen y sus historiales se han mantenido al margen de la luz pública.

Apenas tres meses después de los ataques, un organismo con sede en Washington, el Centro para Estudios de Seguridad Nacional, interpuso una demanda contra el departamento de Justicia para poner bajo el escrutinio público esta política de la Casa Blanca. A lo largo del proceso judicial, se unieron al litigio los principales medios de comunicación del país (la cadena de noticias CNN, los periódicos The New York Times y The Washington Post, las televisiones ABC y CBS, y el grupo Time Warner, entre otras), que apelaron al mandato constitucional en favor de la libertad de prensa para pedir a los jueces que obligaran al Gobierno a hacer pública la identidad de los detenidos.

Pero su petición ha muerto hoy en las orillas del máximo órgano judicial estadounidense, que ha renunciado a revisar la política de Bush. La mayoría de los detenidos ya han sido deportados; otros han sido procesados o siguen en prisión como testigos materiales, pero tan sólo una persona, Zacarias Moussaoui, ha sido juzgado por su participación en los atentados del 11-S, según informa el diario The New York Times.

Las huellas borradas

El Centro para Estudios de Seguridad Nacional de Washington, muy crítico con la política de Bush, presentó una demanda ante el Supremo para averiguar la identidad de estos detenidos, basada en el derecho constitucional a la libertad de prensa, y que fue respaldad por 23 organizaciones y medios de comunicación. "Es responsabilidad de los tribunales, y en especial del Supremo, someter a revisión judicial la decisión del Gobierno de mantener un secretismo sin precedentes a la hora de detener a cientos de personas, con la coartada de la seguridad nacional", mantenían los abogados de la organización.

Los demandantes son de la opinión de que el Estado detuvo a esas personas basándose en sospechas con poco fundamento, y deportó a muchas de ellas sin haber probado su posible relación con los terroristas. Luego, según denuncian, selló los expedientes y borró sus nombres de todos los papeles para mantener su identidad en secreto.

Un camarero de Miami

Como ejemplo de esta política, los demandantes señalan el caso paradigmático del argelino Mohamed Kamel Bellahouel, detenido tras los atentados en Miami y que ha sido procesado en el más absoluto de los secretos. Este hombre era camarero en un restaurante frecuentado por Mohamed Atta (líder de uno de los comandos terroristas que estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York), y de su detención y posterior paso ante los jueces de varios tribunales no queda rastro alguno. Sin embargo, durante unas horas un funcionario dejó a la vista su expediente, que fue descubierto por un periodista del diario Miami Daily Business Review.

Al parecer Mohamed Kamel Bellahouel no está acusado de terrorismo, pero el hecho es que los cargos contra él, si los hubiera, son un misterio. Su caso ejemplifica así como "se han incumplido normas de transparencia judicial" en este proceso policial y judicial, según los argumentos de los demandantes ahora rechazados por el Supremo.

La decisión de no someter a revisión esta política supone un triunfo para el Gobierno de George W. Bush, pero queda aún pendiente el asunto de los presos de Guantánamo. El Supremo ha aceptado que los abogados de 16 detenidos testifiquen contra el limbo jurídico en el que son mantenidos las 660 personas en la base militar cubana, para luego tomar una decisión al respecto.