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La ausencia de EE UU marca el nacimiento de la Corte Penal Internacional

La jura de los jueces pone fin a la abstracción en la que se movía hasta ahora el tribunal

La Corte Penal Internacional, que juzgará las violaciones de los derechos humanos, ha quedado inaugurado hoy oficialmente en La Haya, cuando el Estatuto de Roma que le dio nacimiento está a punto de cumplir cinco años. Así, pese al boicot estadounidense y con la jura de cargo de los magistrados, cobra vida el primer tribunal permanente que juzgará delitos de genocidio y crímenes de guerra y contra la Humanidad.

Los 18 jueces que estrenan la nueva institución, elegidos el pasado febrero, han prestado juramento ante la reina Beatriz de Holanda y el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en una ceremonia a la que finalmente no ha asitido la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, debido a problemas de agenda, según fuentes del Gobierno.

El primer nombramiento que ha tenido lugar ha sido el de presidente. El canadiense Philippe ha sido elegido por unanimidad de sus compañeros primer presidente de la CPI.

Sin embargo, el trabajo realmente no comenzará hasta que sea nombrado el Fiscal Jefe, una de las figuras clave de este nuevo sistema legal internacional, que será elegido más tarde por consenso, probablemente a finales de abril.

Por el momento no se han presentado candidatos para este cargo, pero se espera que el TPI esté operativo para finales de este año. El Tribunal ya ha recibido más de 200 denuncias, algunas de ellas contra dirigentes políticos africanos. Sin embargo, los primeros juicios, según estiman los expertos, no comenzarán hasta finales de 2004.

El Tribunal de La Haya trabajará de forma similar a los ya existentes para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, aunque a diferencia de estos no será retroactivo, de forma que sólo podrá juzgar los crímenes cometidos tras la entrada en vigor del Estatuto, lo que se produjo el 1 de julio de 2002.

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Para evitar suspicacias, los jueces no han tomado posesión con un juramento que invoque a Dios. En su lugar, han hecho voto de imparcialidad, transparencia y respeto al secreto de las investigaciones y el Estatuto del tribunal.

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