El Senado endurece las sanciones contra el fraude empresarial

Sacudido por los repetidos escándalos contables que han asolado varias de las mayores empresas de EE UU, que disimularon pérdidas millonarias mientras sus ejecutivos se embolsaban pingües ingresos, el presidente George W. Bush, reaccionó el lunes pidiendo mayor dureza para los directivos implicados en fraudes. El Senado ha ido hoy más allá y ha aprobado una nueva legislación que endurece las sanciones por delitos financieros, incluyendo la posibilidad de imponer hasta 10 años de prisión.

Además, la enmienda incluye también medidas de protección para los empleados que denuncien corrupción en sus empresas.

La enmienda, propuesta por el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, forma parte de un proyecto de ley que reforma el sistema de contabilidad empresarial y que podría ser aprobado esta misma semana.

Ante la racha de escándalos corporativos en el país, los senadores se proponen aprobar el mayor proyecto de reforma empresarial en los últimos 70 años, con sanciones más fuertes aún que las que propuso el presidente estadounidense, George W. Bush, el lunes pasado.

Una vez aprobado por el Senado, el proyecto de ley tendrá que ser armonizado con la versión que aprobó la Cámara de Representantes en abril y que ya ha sido criticada por algunos grupos de defensa de los consumidores.

Quienes cometen fraude en sus empresas "merecen ir a la cárcel (porque) han arruinado la vida de miles de personas", ha afirmado hoy Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado, en alusión a los escándalos que han sacudido a empresas como WorldCom y Enron y en línea con las palabras de Bush del lunes.

El asunto de cómo prevenir el fraude corporativo se ha politizado, después de que los demócratas afirmaran que el plan de 10 puntos propuesto por Bush no hace lo suficiente para erradicar la corrupción en el sector empresarial.

Por ahora, la Casa Blanca no ha confirmado si Bush firmará el proyecto de ley que impulsan los senadores Leahy y Paul Sarbanes para aumentar la vigilancia y restringir aún más los reglamentos en el sistema de contabilidad de las empresas.

Sarbanes ha dicho que su medida busca restablecer la confianza de los inversores en los mercados financieros, en los que participan más del 60% de los estadounidenses.

La medida de Sarbanes pide la aprobación de 300 millones de dólares para que la Comisión del Mercado de Valores (SEC) pueda contratar a más auditores e investigadores de delitos financieros. Además, se crearía una junta independiente que vigile las auditorías de las empresas y limite el tipo y cantidad de tareas de consultoría que pueda realizar una empresa auditora, con el objetivo de prevenir conflictos de intereses.

Las empresas contables, que además entregan millonarias donaciones a las campañas políticas de los legisladores, presionan al Congreso para que se elimine esa cláusula.