El Gobierno estadounidense entrega documentos sobre política energética

La Casa Blanca ha entregado hoy a las autoridades judiciales miles de documentos sobre las actividades de una comisión encargada de elaborar la política energética del Gobierno de EEUU, encabezada por el vicepresidente, Dick Cheney.

La autoridades estudian si hubo presiones por parte de las principales empresas de energía, entre ellas el gigante Enron, que se vio a finales del año pasado envuelto en la mayor suspensión de pagos de la historia tras una desatrosa gestión y cuyo presidente, Kenneth Lay, mantenía unas muy buenas relaciones con Cheney.

Fuentes judiciales han manifestado que aun cuando los documentos proporcionan escasa información y en algunos sectores están censurados, sí revelan presuntos esfuerzos de la industria petrolera por influir en la política energética del presidente estadounidense, George W. Bush, a la vez que se relegaban los puntos de vista de los sectores ecologistas.

Dos jueces federales ordenaron el año pasado la entrega de los documentos en el marco de demandas judiciales planteadas por grupos privados para determinar en qué medida el plan energético del gobierno tuvo influencias ajenas al gobierno.

Las fuentes agregan que uno de los documentos reveló que el secretario de Energía, Spencer Abraham, se reunió en ocho ocasiones con empresarios de la industria energética para discutir el plan, sin incluir en esos encuentros a partidarios de la eficiencia de la energía o del uso de fuentes renovables.

Política favorable a las empresas

Señalaron que entre los dirigentes con quienes se reunió Abraham figuraron algunos de la Asociación Nacional de Fabricantes, y de empresas de la industria nuclear, de servicios públicos, del petróleo y del gas así como del carbón.

Sin embargo, Abraham afirmó en una declaración que los documentos "confirmarán una vez más" que el gobierno trató de contar con la mayor gama de puntos vista, incluyendo aquellos de los ecologistas.

Tanto Bush como Cheney fueron empresarios petroleros y sus críticos han acusado al gobierno de aplicar una

política energética que favorecería a esa industria.

El gobierno también enfrenta una demanda judicial presentada por la Oficina General de Contabilidad, el brazo investigador del Congreso, que quiere conocer los nombres de quienes se entrevistaron con Cheney y con sus principales asesores.