Bélgica aplaza su decisión sobre si es competente para juzgar a Sharon

La sala de apelación del Tribunal de Bruselas ha anunciado hoy que posterga hasta el 15 de mayo su decisión de admitir o no a trámite la denuncia contra el primer ministro israelí, Ariel Sharon, por su presunta implicación en las matanzas de 1982 en los campamentos palestinos de Sabra y Chatila (Líbano).

La sala ha comunicado que habrá una nueva audiencia en esa fecha para "permitir a todas las partes que presenten sus alegaciones escritas y orales" sobre las consecuencias que ha tenido la decisión del pasado 14 de febrero del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en este caso.

Esa decisión, conocida como sentencia de San Valentín y cuyas consecuencias sobre el caso Sharon debe estudiar la sala, anuló la orden de detención emitida por un Tribunal belga contra el ex ministro congoleño de Asuntos Exteriores Abdoulaye Yerodia.

Solicitado por acusación y fiscalía

El retraso de la decisión de la sala había sido solicitado por la acusación y la fiscalía, según ha explicado Jos Colpin, portavoz del tribunal.

Los autores de la denuncia son víctimas directas o indirectas de la matanza de refugiados palestinos en los campos de Sabra y Chatila, en las afueras de Beirut (Líbano), donde en 1982 fueron asesinados entre 700 y 3.500 palestinos por las milicias falangistas ante la pasividad del Ejército israelí.

Las denuncias se refieren a la presunta responsabilidad de Sharon en el ataque a estos campos de refugiados en 1982, cuando éste era ministro de Defensa y general del Ejército israelí.

El tribunal de La Haya consideró entonces que Bélgica "violó la inmunidad de la jurisdicción penal y la inviolabilidad de la que se beneficiaba Yerodia (que en ese momento era ministro de Asuntos Exteriores) en virtud del derecho internacional".

Las denuncias contra Sharon fueron presentadas en Bélgica en virtud de la ley sobre la represión de violaciones graves de derecho internacional humanitario (de junio de 1993 y reformada en febrero de 1999), que permite llevar ante los tribunales belgas a alguien, incluidas personalidades políticas, por delitos contra los derechos humanos cometidos fuera del territorio de Bélgica.

En virtud de esta ley se han presentado una treintena de denuncias en los tribunales belgas contra personalidades políticas en ejercicio como el presidente de Cuba, Fidel Castro; el primer ministro israelí, Ariel Sharon; y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Yasir Arafat.

Precisamente esta ley permitió en junio de 2001 condenar en Bruselas a cuatro ciudadanos ruandeses, dos de ellos monjas, por su papel en el genocidio de 1994 en un juicio que fue calificado de "histórico".