Duhalde ofrece a las petroleras una alternativa al pago del nuevo impuesto

El Gobierno argentino ha propuesto hoy a las empresas petroleras que aporten unos 1.400 millones de dólares en lugar del impuesto de exportación de hidrocarburos fijado en la ley de emergencia económica. La propuesta fue formulada por el presidente argentino, Eduardo Duhalde, en una reunión que mantuvo con gobernadores de provincias productoras de petróleo y empresarios del sector.

"Si ese fuera el anticipo, la retención al derecho a las exportaciones no existiría", ha dicho sobre el aporte de 1.400 millones de dólares el gobernador de la sureña provincia de Chubut, José Luis Lizurume.

"La propuesta fue hecha por el presidente y no significa una presión de ningún sector", ha aclarado ante periodistas al término del encuentro.

La ley que fue aprobada por el Parlamento el pasado domingo establece un derecho a la exportación de hidrocarburos por cinco años, que se aplicaría a las ventas de las empresas petroleras que operan desde Argentina y estaría destinado a fortalecer el sistema financiero.

De todas esas compañías, el grupo español Repsol YPF es el primer exportador.

La intención de las autoridades es garantizar la conformación de un fondo para compensar parte del impacto de la devaluación del 28,5% del peso frente al dólar que rige desde el domingo.

En principio las empresas ofrecieron aportar en forma inmediata unos 1.200 millones de dólares, mientras el Gobierno calculó que el nuevo gravamen para las exportaciones petroleras estaría en torno al 20%.

Considerando que las exportaciones de hidrocarburos de Argentina alcanzaron el año pasado los 3.500 millones de dólares, el Estado sólo podría ingresar mensualmente hasta unos 58 millones de dólares por el nuevo impuesto a la venta de crudo.

El Gobierno quiere contar con fondos adicionales para compensar su decisión de convertir en pesos argentinos los créditos hipotecarios y personales inferiores a 100.000 dólares, pero al cambio de uno por uno.

Como la administración de Eduardo Duhalde acordó que la nueva cotización oficial del dólar sea de 1,4 pesos, su intención es conseguir compensaciones "que eviten desequilibrios en las entidades financieras", como dice el texto de la ley de emergencia.

Rechazo a las "presiones" españolas

Por primera vez desde la entrada en vigor de la nueva política económica en Argentina, un miembro del Gobierno ha rechazado hoy las "presiones" desde España por el cambio de las reglas de juego para las empresas de servicios públicos y los sectores bancario y petrolero.

El ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, ha dicho que "no es justificable la postura que hoy se toma desde España", en alusión a las reclamaciones por la situación de empresas españolas con fuertes inversiones en el país.

Mendiguren ha sostenido que las reclamaciones se justificaban hasta diciembre pasado, cuando la política económica "no estaba definida" y Argentina "estaba en el peor de los mundos".

"Todo esto se terminó y hay un plan sobre la mesa: a partir de acá, toda esa energía que se gastaba en 'lobby' (grupo de presión) y en legítimos intereses para defenderse hay que ponerla en salir adelante con este plan", ha apuntado De Mendiguren a una emisora local de radio.

Las declaraciones de De Mendiguren contrastan con instrucciones dadas a todos los ministros desde la Presidencia, según fuentes gubernamentales, para que se evite en lo posible identificar a España o cualquier otro país en el pulso que tiene el Gobierno con las empresas de servicios públicos.

El fin de semana pasado, el Parlamento aprobó una serie de leyes que facultan al gobierno de Eduardo Duhalde para abandonar más de diez años de paridad cambiaria "uno a uno" entre el peso y el dólar estadounidense, lo que llevará a una fuerte depreciación de la moneda argentina.

Las tarifas de las empresas de servicios públicos, en su mayoría españolas, francesas, británicas e italianas, se pasaron a pesos, cuando estaban fijadas en dólares y eran ajustadas en función del índice de inflación de Estados Unidos, según los contratos de privatización firmados a comienzos de la década de los 90.

Pero la norma aprobada por el Parlamento establece que ese traspaso a pesos se hará con el antiguo cambio de uno por uno, aunque deja abierta la puerta para posteriores negociaciones entre las autoridades y las empresas afectadas con el objetivo de revisar el sistema de tarifas.

Esta medida es una de las aplicadas para atenuar el impacto de la devaluación del peso y abrió una ronda de negociaciones con las empresas, después de que Duhalde recibiera este fin de semana una llamada telefónica del jefe del gobierno español, José María Aznar.

Se calcula que las empresas y bancos españoles radicados en Argentina sufrirán pérdidas por valor de unos 2.600 millones de dólares a causa del cambio de rumbo económico.

Los capitales españoles, como los del grupo Telefónica y la petrolera Repsol YPF, han efectuado inversiones millonarias en los sectores de telecomunicaciones, distribución de electricidad, gas y petróleo, en los que también han apostado fuerte empresas de EEUU, Francia, Italia y el Reino Unido, entre las más importantes.

Flexibilización de las medidas

Entretanto, el Gobierno argentino mantuvo la pasada madrugada una reunión para ultimar los decretos financieros que regirán con la ley de emergencia. Al parecer, el Ejecutivo permitirá a partir del próximo mes de marzo la retirada de los depósitos a plazo fijo, aunque hasta entonces, los ahorros quedarán congelados.

Por otra parte, las autoridades argentinas han decicido extender hasta mañana jueves la parálisis del mercado cambiario, vigente desde el pasado 19 de diciembre, hasta que queden definidas las normas que regularán el funcionamiento de los mercados tras la devaluación del peso anunciada el pasado domingo y que ésta noche sigue debatiendo el ministerio de Economía.

Mientras, la actividad en los bancos seguirá con importantes restricciones y sólo se permiten los trámites para la liquidación de salarios y jubilaciones. La suspensión del festivo cambiario alargará el suspenso e impedirá conocer este miércoles, como estaba previsto, el precio al que se venderán los dólares en el mercado libre.

Pero la complejidad ha forzado al Banco Central de la República Argentina a dar marcha atrás en su idea original de abrir los mercados de divisas este miércoles, después de la devaluación del 28,5% del peso frente al dólar aprobada el domingo, y se ha visto obligado a mantenerlo un día más.

El dinero de los ahorradores

Cuando asumió el poder, una de las primeras promesas del presidente Duhalde fue que sería devuelto el dinero de los ahorradores en la moneda en la que hubieran sido efectuados. El Gobierno estudia hoy la manera de relajar las medidas que restringen el acceso al dinero en efectivo. A una semana de su llegada al poder, el presidente Eduardo Duhalde y su equipo se enfrentan al desafío de disolver en el medio plazo el corralito financiero, impuesto el 3 de diciembre para mantener controlados los depósitos y evitar su fuga.

Al parecer, la idea del Ejecutivo peronista es establecer un calendario para ir eliminando progresivamente el corralito, con prioridad para los sectores que tienen congelada en los bancos una parte de sus salarios o depósitos de menor cuantía. Así, los argentinos esperan que el ministerio de Economía anuncie hoy la ampliación de 1.000 a 1.500 pesos como máximo a sacar de las cuentas salariales y a 1.200 para otro tipo de cuentas.

Para perfilar toda esta batería de medidas, el ministro de Economía Argentino, Jorge Remes Lenicov, se ha reunido este martes con la Asociación de Bancos Argentinos, que se ha comprometido a respaldar el plan económico del Gobierno.

Uno de los temas abordados fue el mecanismo de pesificación de las deudas bancarias inferiores a los 100.000 dólares, y el mecanismo para bajar los tipos de interés y estirar los plazos de pagos de los créditos superiores a esa cantidad.

Además, el ministro les explicó el esquema de cronograma de devolución de los depósitos bancarios y la flexibilización del retiro de fondos de las cajas de ahorro donde se depositan los sueldos, temas que se habían definido en la reunión del gabinete económico.

Esta madrugada, el ministro Lenicov seguía reunido con sus asesores para examinar el proyecto de los presupuestos, que serán enviados la próxima semana al Congreso. Sin embargo, sigue aún sin definirse la cuantía del impuesto a la exportación de hidrocarburos, que iría destinada a paliar los efectos de la devaluación en la banca.