Los Quince pactan una definición común del delito de terrorismo
La UE elabora una lista de 30 delitos a los que se aplicará la euro-orden.- Todavía no han acordado si se eliminará o no el principio de doble incriminación
Los ministros de Justicia e Interior de la UE se han puesto hoy de acuerdo sobre una definición común de delito terrorista, concepto que hasta ahora sólo estaba tipificado en seis países de la Unión, según ha anunciado el titular español de Justicia, Angel Acebes.
"Se ha producido acuerdo político sobre una definición común del delito de terrorismo. En ella se determina que la acción delictiva es de terrorismo cuando tiene el fin de intimidar gravemente a una población o desestabilizar o destruir las estructuras políticas, económicas o sociales de un país", ha explicado el ministro.
Según Acabes, "éste era el objetivo que tenía España, por lo que tiene una gran trascendencia". Con este acuerdo, todos los países de la Unión Europea tendrán definido y tipificado en nuestros códigos penales el delito de terrorismo y con una definición igual.
Esta definición entrará en vigor cuando los Quince adopten el paquete global sobre lucha contra la criminalidad organizada, que incluye una lista de sanciones contra el delito terrorista y una orden europea de detención y entrega de presuntos terroristas y criminales.
En este sentido, se ha logrado además un "acuerdo de principio" sobre una lista "positiva" de 30 delitos a los que afectará la futura orden europea de detención y entrega (euro-orden), entre ellos el terrorismo, el tráfico de seres humanos, la explotación sexual de menores y pornografía infantil. Sin embargo, no han consensuado aún el alcance de su aplicación.
Pese a que algunos países como Alemania y Francia, incluso fuentes del Consejo de Ministros de la UE, han anunciado la existencia de un acuerdo de principio, Italia ha insistido en que no hay consenso.
En cualquier caso, los Quince todavía no han acordado la forma de aplicar ese mandato europeo, es decir, si se eliminará o no el principio de doble incriminación a todos los delitos de esa lista, lo que es fundamental para determinar el alcance de la euro-orden.
La presidencia belga de la UE ha presentado una nueva propuesta a sus colegas en la que se especifica que el principio de doble incriminación se suprimirá siempre que el delito por el que se solicita la entrega sea susceptible de ser penalizado con una pena mínima de cuatro años de prisión en el país demandante, para los crímenes no armonizados en la Unión.
Se trataría de tres años en caso de que el delito por el que se solicite la entrega esté armonizado en el artículo 6 del Tratado de la Unión, según fuentes comunitarias.
La ministra francesa de Justicia, Marylise Lebranchu, se ha mostrado en contra de esta nueva propuesta de la presidencia sobre la doble incriminación, ya que "cuatro años son muchos e impedirán un trabajo preciso en las redes criminales", ha señalado en rueda de prensa.
La nueva propuesta de la presidencia se inspira en las reivindicaciones hechas hoy por Luxemburgo sobre la necesidad de distinguir entre delitos armonizados y no armonizados en la UE.
Menos avanzado que el borrador
El nuevo documento de la presidencia es un paso atrás con respecto al anterior, que permitía la emisión de una euro-orden cuando el delito era susceptible de ser sancionado con un año de cárcel en el país solicitante o en el caso de la existencia de una condena de un mínimo de cuatro meses contra el incriminado.
El texto anterior también preveía la supresión de la doble incriminación para todos los delitos de la "lista positiva" a los que se aplicará la euro-orden. Lebranchu ha indicado que España, Reino Unido y la Comisión Europea apoyan decididamente la oposición de Francia a esta última fórmula sobre el alcance de aplicación de la euro-orden de la presidencia.
La "lista positiva" acordada hoy incluye 30 delitos (28 propuestos por la presidencia del Consejo de Ministros y dos por la Comisión Europea: incendio criminal y sabotaje), entre los que destacan tráfico de seres humanos y explotación sexual de menores y pornografía infantil.
Asimismo, se encuentran la participación en una organización criminal y tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, corrupción, tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos, secuestro y toma de rehenes, racismo y xenofobia y robos organizados o con mano armada.
La euro-orden también se aplicará al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, fraude, blanqueo de producto del crimen, moneda falsa o falsificación del euro, cibercriminalidad, crímenes medioambientales y homicidio voluntario.
Además a la extorsión de fondos y soborno, estafa, tráfico ilícito de bienes culturales, pirateo de productos, falsificación de documentos administrativos y de medios de pago, tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento, tráfico ilícito de materias nucleares y radiactivas, tráfico de vehículos robados, violación y ayuda a la entrada y estancia irregular.
Objetivo: una mayor celeridad
Con la orden europea se pretende suprimir los tradicionales y lentos procedimientos de extradición y sustituirlos por un sistema de entrega entre las autoridades judiciales de los diferentes países de la UE, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales.
Los ministros también debaten hoy sobre el plazo para ejecutar la euro-orden y existe prácticamente un acuerdo sobre un período máximo de 90 días, según la ministra Lebranchu. En caso de que un estado no cumpliera ese plazo máximo (que será de 10 días en caso de consentimiento y de 60 días en caso contrario), se concederán 30 días adicionales, en los que el magistrado de ese país se vería obligado a asumir la responsabilidad de que el individuo incriminado por la nación demandante "no escapará a la justicia europea", ha precisado la ministra francesa.
La hora de la verdad llegará los próximos 6 y 7 de diciembre. Esos días deberán cerrar acuerdos sobre la euro-orden, la definición de terrorismo y la armonización de penas, si quieren cumplir el mandato dado por sus líderes dentro de la nueva batalla de la UE contra el terrorismo y el crimen organizado emprendida después de los atentados contra Estados Unidos del pasado 11 de septiembre.
