Texas aplaza en el último momento la ejecución de un joven negro condenado a muerte

Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 1994, cuando el joven y otros dos cómplices realizaron un robo a mano armada contra el empresario John Lutting, de 63 años, quien falleció en el acto al recibir varios disparos.

Beazley, que no tenía antecedentes penales, debía recibir una inyección letal y convertirse así en el ejecutado número 251 de Texas desde que se reimplantara la pena de muerte en 1976 en EE UU.

El tribunal ha decidido aplazar la ejecución para escuchar los alegatos de los abogados de Bealey que han puesto en duda la legalidad de ejecutar a un hombre que era menor de edad cuando cometió el asesinato. "El profesional que asumió su defensa durante el juicio no hizo el debido hincapié en su minoría de edad", según los abogados y además, algunos testigos retiraron los testimonios que influyeron en su condena a muerte.

La condena por el primer tribunal había sido criticada por diversos medios nacionales y europeos, que consideraban una crueldad ejecutar a alguien que no tenía discernimiento sobre la gravedad de su delito y que hasta cometerlo había sido un personaje ejemplar de su escuela secundaria.

Mayores de edad para morir

"En Texas, nos enfrentamos a la situación de que quienes tienen menos de 18 años son demasiado jóvenes para consumir bebidas alcohólicas, votar o ser miembros de un jurado. Pero sí se les considera lo suficientemente maduros como para ser ejecutados", según Curt Goering, director ejecutivo de Amnistía Internacional-EEUU.

En un comunicado conjunto, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Lord Russell-Johnston, y el secretario general de la organización, Walter Schwimmer, afirmaron que el caso "está empañado por graves irregularidades judiciales", e indicaron que en la condena había influido el hecho de que la víctima fuera el padre de un destacado juez.

La pasada semana, Russell-Johnston recriminó a EEUU que "un país que pone en práctica la pena capital a ese ritmo y con tal fervor, que mata a gente, incluidos adolescentes y retrasados mentales, después de procesos (judiciales) ensombrecidos por prejuicios sociales y raciales, no puede pretender mostrar al mundo el camino a seguir en materia de justicia y de derechos humanos".

Más de 720 personas culpables de asesinato en primer grado han sido ejecutados en Estados Unidos en 25 años, más de 20 personas por año. De esas ejecuciones casi la mitad fueron llevadas a cabo en Texas, donde el gobernador Perry no ha emitido ningún aplazamiento desde que asumió el cargo del anterior gobernador de Texas y actual presidente de EEUU, George W. Bush.