Chirac anuncia que su esposa declarará ante la justicia si es citada porque "es su deber"

Hoy en sus primeros comentarios públicos el mandatario neogaullista ha salido al paso de estas implicaciones en una entrevista televisada y ha avanzado que su esposa, Bernadette, acudirá a una eventual citación de los jueces si es convocada, porque es "su deber",

Chirac ha denunciado el clima de "manipulación y sospecha" que se ha creado y en este sentido ha afirmado que los pagos se hicieron de forma "perfectamente legal" y que su monto "no tiene nada que ver" con las cifras barajadas.

En este sentido ha señalado que el coste de los viajes "no tiene nada que ver" con las cifras que se han barajado (unos 370.000 euros), y ha señalado que algunos fueron financiados con las "primas" que había recibido cuando estaba en el Gobierno.

La Justicia, que ya ha tomado declaración a la hija de Chirac, Claude, y a varios de sus asesores, investiga una serie de viajes privados, pagados en efectivo, realizados por el presidente francés, sus familiares y allegados entre 1992 y 1995, cuando era alcalde de París.

Culpa a Jospin

El neogaullista ha arremetido contra el Gobierno del primer ministro, el socialista Lionel Jospin, su probable rival en el duelo electoral por el Elíseo en 2002, en relación con la controversia sobre los viajes y otras investigaciones judiciales acerca de presuntas irregularidades ocurridas cuando era alcalde de París.

"No es culpa de la Justicia, es culpa del Estado, del Gobierno, del ministro de Justicia", afirmó Chirac, al referirse a la "confusión" y a la disputa entre fiscales sobre si jurídicamente debe o no declarar como testigo asistido ante los jueces que investigan los viajes.

Al mismo tiempo, ha declarado que los jueces "no tienen derecho a impugnar la Constitución" y ha afirmado que el presidente de la República "no es un ciudadano como los demás", a la hora de explicar su negativa a declarar ante los jueces.

Tras calificar de "miserable" el debate actual sobre el estatuto penal del jefe de Estado, sobre el que los socialistas ya han propuesto cambios, se ha declarado dispuesto a "proponer" una reforma pero "con serenidad", es decir, después de las elecciones del primer semestre de 2002.