La Justicia argentina procesa al ex dictador Videla por el 'plan Cóndor'
El ex militar cumple ya arresto domiciliario por el secuestro de hijos de desaparecidos durante la última dictadura
Canicoba Corral, que en una resolución de más de 500 páginas consideró que el ex presidente de "facto" integró una "asociación ilícita calificada", ha dictado además un embargo sobre los bienes del ex teniente general por un millón de dólares (194 millones de pesetas).
Videla cumple ya arresto domiciliario como procesado por el secuestro de hijos de personas desaparecidas durante la dictadura militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983.
Canicoba Corral investiga delitos de lesa humanidad cometidos por los regímenes militares que gobernaron durante las décadas de los años 70 y 80 en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en aparente coordinación, lo que se conoce como 'plan Cóndor'.
Además de Videla, figuran como imputados los ex dictadores Augusto Pinochet (Chile) y Alfredo Stroessner (Paraguay), además del antiguo jefe de la policía política chilena (DINA) Manuel Contreras Sepúlveda.
La causa fue iniciada por denuncias de argentinos, chilenos y uruguayos que fueron víctimas o familiares de víctimas de la represión ilegal diseñada y ejecutada por los militares.
El pasado 20 de junio, Videla se había negado a declarar ante el juez Canicoba y planteó la nulidad del interrogatorio con el argumento de que la Corte Suprema de Justicia debía pronunciarse previamente sobre una solicitud para que se declare prescrito el proceso en el que está acusado del robo de hijos de desaparecidos.
De todos modos, el magistrado ha resuelto hoy volver a convocarlo a prestar declaración indagatoria el próximo 17 de agosto para hacerle preguntas sobre delitos puntuales.
Videla, que es beneficiario de un régimen que las leyes argentinas conceden a los mayores de 70 años para no cumplir penas en prisión, ha sido trasladado desde su domicilio a los tribunales de Buenos Aires para notificarle la medida judicial.
La figura penal por la que ha sido acusado es castigada con penas que van desde los cinco a los veinte años de cárcel.
El ex dictador es uno de los jerarcas del régimen militar que fueron condenados en 1985 al cabo de un juicio oral y público en el que se investigaron las violaciones de los derechos humanos cometidas en Argentina, pero cinco años más tarde fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem.
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