La UE apoya el envío de agentes de aduanas a los Balcanes para luchar contra el tráfico de personas

"Hay una voluntad de establecer una red de funcionarios de enlace de fronteras" con el fin de asesorar técnicamente a la policía de fronteras de estos países, ha explicado el ministro de Interior, Mariano Rajoy, que hoy ha asistido a su primer Consejo de Ministros de la UE como responsable de esta materia.

"No se trata de enviar policía para vigilar la frontera, sino de crear una estructura administrativa", explicó por su parte el portavoz del comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino. Rajoy ha abundado en esta idea, aunque no ha descartado que sea la semilla de una futura policía de fronteras de la UE. "Nunca se sabe cuanto tarda en germinar una semilla", ha dicho el ministro.

Según el documento que los Quince analizaron hoy, este plan prevé "el despliegue de equipos de agentes de inmigración de la UE ante los servicios de fronteras de Bosnia Herzegovina y Croacia y el establecimiento de una red de funcionarios de enlace sobre inmigración de la UE para mediados de 2001". España mostró su interés en participar en esta iniciativa, que se basa en la cooperación entre

los Estados miembros.

La iniciativa, apadrinada por el primer ministro británico, Tony Blair, con el apoyo de su homólogo italiano Giuliano Amato, recibió el apoyo oficioso de los Quince en el Consejo informal de Justicia e

Interior que se celebró los días 8 y 9 de febrero en Estocolmo. En la reunión de hoy, Reino Unido ha manifestado que 12 funcionarios británicos pueden empezar a trabajar ya en la propuesta, e Italia ha afirmado que su Gobierno aportará cinco más en esta primera fase.

El plan fue propuesto por Reino Unido al Comité Estratégico de Inmigración, Fronteras y Asilo de la UE. En este comité los representantes de los Quince subrayaron que respecto a la"ruta de los Balcanes" las necesidades más acuciantes están en el control fronterizo, los aspectos de protección y el diálogo político. Todo ello, a la espera de que el Pacto de Estabilidad y Asociación con los países balcánicos ponga en marcha estructuras de diálogo estables.

Hasta ahora ha habido contactos informales con las embajadas de estos países y la iniciativa tomará más forma los próximos días 27 y 28 de marzo, cuando una "troika" comunitaria, cuya composición no está definida todavía, viajará a Belgrado y Sarajevo para entrevistarse con los ministros responsables de la República Federal Yugoslava (RFY) y Bosnia-Herzegovina. España tomará parte en estas negociaciones pero Rajoy también ha destacado ante sus colegas el interés en que no se olviden "otras zonas" de las que procede también la inmigración ilegal, en referencia al Magreb.

Luego ha señalado ante los periodistas que España tiene una política para luchar contra la inmigración legal y uno de los instrumentos que quieren aplicar son los convenios con países. "Estamos ya hablando con Marruecos para fijar un cupo de personas que puedan venir a España".

La reunión de los responsables de Justicia e Interior ha puesto de manifiesto la división existente sobre la armonización de las penas para los que faciliten la entrada o estancia de irregulares en la UE. Las principales discrepancias se centran en la inclusión de una "cláusula humanitaria", exigida por los países nórdicos, que excluiría de sanción a las organizaciones que hagan ese tráfico de seres humanos "con fines humanitarios", y sobre las penas a imponer a los culpables de tráfico de seres humanos.

Rajoy ha dicho que se ha planteado una fórmula que "no está mal" y en la que se "definiría con meridiana claridad" las organizaciones sin animo lucrativo que podrían estar excluidas. Algunos países temen que la inclusión de dicha cláusula facilite la tarea de personas sin escrúpulos que oculten bajo este instrumento el tráfico de seres humanos.

Otro punto conflictivo son las penas a imponer a los implicados en tráfico de inmigrantes ilegales. Varios socios, entre ellos el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España son favorables a una pena de unos ocho años, a la que se oponen Finlandia y Suecia, país que este semestre ejerce la presidencia de turno de la Unión. Estos dos últimos países "solo aceptan como pena máxima cuatro años", señalaron fuentes diplomáticas.

España, según Rajoy, aceptaría ocho años, pero tampoco hace de ese punto "un asunto de principio" si se facilita un acuerdo. El Reino Unido es el socio más duro en este punto y reclama 10 años.