Los hombres conservadores del Supremo

La mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desearía remontar de una vez los enfrentamientos registrados a raíz de la condena del fiscal general por revelación de secreto, que tanta herida ha dejado en el prestigio del Tribunal Supremo. Sin embargo, el caso sigue muy vivo y ahora se abre otro posible plano de lucha y hostilidad a propósito de la renovación de las principales Salas del Supremo, que un pequeño grupo de magistrados quiere intervenir y controlar.

En teoría, la elección de los nuevos presidentes y miembros de Sala debería ser relativamente sencilla. En algunos casos, como la Sala II, dedicada a asuntos penales, tiene ya dibujado un retrato robot: se decidió en su día que, por razones de paridad, debería nombrarse a una mujer, y por razones de turno jurista, una catedrática de Derecho Penal. Sin embargo, como presidente de la Sala Segunda fue elegido finalmente Andrés Martínez Arrieta, en virtud fundamentalmente de su veteranía. Su nombramiento venía a representar algo así como el colofón de su carrera, aunque ese ha sido siempre uno de los reproches que se han formulado a la elección de presidentes de Salas del Supremo: que se valoraba siempre como una especie de “broche” de final de carrera, en lugar de ser elegido exclusivamente en virtud de sus méritos profesionales y de su proyecto de gobierno de la Sala. De hecho, también se presentó como candidatada la magistrada Ana Ferrer, mujer, que podía competir por la presidencia de la Sala en virtud de sus méritos y de presentar el mejor programa de gobierno. Además, Ferrer podría completar los cinco años de mandato asociados al cargo, mientras que la jubilación de Martínez Arrieta está prevista para julio de 2026.

La presión ejercida para permitir que Martínez Arrieta terminara su carrera en “todo lo alto” y la continua descalificación de Ana Ferrer como “candidata cercana al Gobierno” hizo que finalmente se abriera camino el candidato masculino y que Ferrer señalara a Martínez Arrieta como un “candidato de prestigio incuestionable”.

Queda pendiente ahora el nombramiento de un magistrado/a del turno jurista para el que insospechadamente se ha presentado una larga lista de candidatos (doce, de los cuales cinco son mujeres y siete hombres) entre los que figuran también fiscales y abogados. En la Sala II hay actualmente una presencia muy marcada de hombres (doce) y solo tres mujeres, en general de abrumadora tendencia conservadora.

El principal enfrentamiento se produce con la candidatura de Silvina Bacigalupo, respaldada no solo por el sector progresista del CGPJ sino también por algún vocal conservador que valora su currículo. Bacigalupo es catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene una fuerte presencia en foros internacionales. Entre otras cosas, preside desde 2019 la sección española de Transparencia Internacional. Para un sector conservador, cuenta en su contra que es cuñada de Teresa Ribera, vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea y ex ministra de un Gobierno socialista. Sin embargo, los informes anuales sobre niveles de corrupción en España que hace público el organismo que preside Bacigalupo han resaltado la pérdida de posiciones de España en la lucha contra la corrupción bajo los gobiernos de Pedro Sánchez.

La Sala II es la máxima instancia para recursos de casación y revisión en materia criminal, y tiene la competencia exclusiva para enjuiciar a altos cargos del Estado, aforados, como diputados, senadores y miembros del Gobierno. Es un órgano clave en la justicia penal española. Está compuesta por un presidente y catorce magistrados y se encarga de resolver los asuntos más importantes relacionados con el derecho penal, incluyendo corrupción, terrorismo y otros delitos de alto perfil.

El sector conservador de la justicia española siempre ha hecho lo posible para mantener en la Sala una mayoría afín a sus convicciones políticas. Entre los 15 magistrados, incluido su presidente, que componen la Sala es reconocida la influencia y dominio de Manuel Marchena Gómez, fiscal de carrera y miembro del Supremo desde 2007. En dos ocasiones ha sido incluso presidente de la Sala II, hasta 2024. Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, dijo en 2018 que gracias a él podrían controlar por detrás la Sala. Marchena presentó la dimisión, pero pocos dudan de que es una de las personas con mayor habilidad y capacidad de maniobra dentro de la justicia española. Y que va a volver a ejercerlas.