Así no se puede seguir. Necesitamos normas contra la corrupción

El St Antony’s College de Oxford está organizando una serie de seminarios sobre el populismo en Europa. Los directores son, algo que parecería increíble en España, un parlamentario del Partido Laborista y otro del Partido Conservador y parten del convencimiento de que el populismo es una amenaza para la democracia. La historia la cuenta en la revista Prospect Peter Kellner, expresidente de YouGov, una firma internacional de análisis de datos. Kellner analiza las últimas encuestas sobre el voto populista, por ejemplo, las realizadas por el Instituto Tony Blair, y llega a la conclusión de que los votantes populistas tienen poco interés en el tamaño del Estado o en cómo derrocar el orden económico: “Quieren un gobierno competente y honesto, que eleve los niveles de vida, mantenga las calles seguras y proporcione escuelas y hospitales decentes”, explica.

El mensaje favorito de los partidos populistas de extrema derecha es que nada de eso se puede conseguir porque los inmigrantes están inundando nuestros países. Los encuestados están de acuerdo en su mayoría con este mensaje. Pero, según Kellner, el resultado es muy distinto cuando se pregunta si se les debería expulsar o impedir que los inmigrantes trabajen en los hospitales, en labores agrícolas, en la construcción, en las escuelas, como dependientes o camareros o como investigadores en las universidades. Entonces responden claramente que no se les debe expulsar.

Así que se puede explicar a los ciudadanos que las políticas de los partidos populistas “son estúpidas y no funcionarán”, prosigue Kellner. “El problema es que un mensaje de ese tipo sólo es creíble si proviene de personas a las que los votantes respetan. Lamentablemente, eso se aplica a muy pocos políticos tradicionales. Los partidos tradicionales necesitan, sobre todo, revivir su reputación de honestidad y competencia. Sólo entonces podrán derrotar al populismo”.

Recuperar la reputación de honestidad requiere que los ciudadanos tengan la percepción y el convencimiento de que esos políticos luchan contra la corrupción y fomentan la transparencia. Y ahí es donde aparece un problema serio en España. Según los últimos datos de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política, España ha bajado cuatro puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción y se coloca en el puesto 16º entre los 27 países de la Unión Europea y en el 46º en un total de 180 países analizados. Datos palmariamente malos.

La primera constatación en España es que la lucha contra la corrupción no es un punto de encuentro entre los partidos tradicionales, es decir, entre los que, de una forma u otra y hasta ahora, han encabezado la formación de gobiernos y previsiblemente lo harán en los años próximos. En España sería imposible organizar un seminario dirigido conjuntamente por diputados del Partido Popular y del PSOE. Imposible, porque no se trata de un objetivo común, sino de uno de los principales instrumentos que unos y otros se tiran a la cabeza como herramientas de la lucha por el poder. El resultado de esa brutal instrumentación es que España no dispone del marco normativo necesario para luchar contra la corrupción política ni contra los crímenes corporativos. El problema no es que en España haya más corruptos que en Dinamarca, sino que en Dinamarca poseen desde hace años la legislación necesaria y las prácticas imprescindibles para prevenir, primero, y detectar rápidamente después esos posibles casos de corrupción política y empresarial.

En España es escandaloso el retraso en la trasposición de las directrices europeas, y lo es porque nadie, ni en el PP ni en el PSOE, está dispuesto a dejar de lado todas sus diferencias y todos sus inmediatos intereses electorales, y trabajar juntos para aumentar el nivel de confianza de los ciudadanos. Se busca que el ciudadano no confíe en “el otro”, en lugar de encontrar el punto de encuentro que permita sanear el conjunto, tanto en el ámbito estatal como en el las comunidades autónomas (en dos de ellas, Baleares y Valencia, incluso se acaban de eliminar las agencias anticorrupción). Es cierto que el actual Gobierno diseñó un plan de transparencia con mejoras sustanciales, pero en realidad ese plan está paralizado, zarandeado en la lucha política electoral. La realidad es que aún no se ha podido nombrar la Autoridad Independiente de Protección del Informante. ¿No hay en España ningún candidato o candidata con suficiente prestigio para ocupar ese puesto, fundamental a la hora de conseguir información? Así no se puede seguir.