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ENSAYOS DE PERSUASIÓN
Columna
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España es una democracia plena para los expertos. Desde la calle, algunos intentan transmitir otra cosa

Varios estudios independientes corroboran la calidad democrática española mientras algunos altavoces de la derecha claman lo contrario

Joaquín Estefanía
Una mujer vota el pasado 23 de julio en la Escola Mediterrània, en Barcelona.Albert García
Joaquín Estefanía

España es una “democracia plena”, salió del grupo de “democracias defectuosas” hace un año y forma parte de las dos docenas de países más avanzados del mundo en este terreno. The Economist dixit. Coincide esta valoración con la de la organización intergubernamental Idea, con sede en Estocolmo (Europa domina los 20 primeros puestos de la clasificación mundial en cuanto a Estado de derecho), con Freedom House (cuyo indicador se basa en la extensión y protección de los derechos civiles y políticos, no en los sociales), que califica a España como “país libre”, o con otros observatorios internacionales de referencia (V-Dem) cuya apreciación de la democracia española se mantiene estable y con tendencia al alza. El Informe sobre la democracia en España (IDE), de la Fundación Alternativas, acaba de conceder a nuestro país una valoración del 6,4 sobre 10, la nota más alta que se le ha dado en los 15 años desde que existe este índice de calidad.

En la presentación del IDE en el Congreso de los Diputados, uno de los presentes preguntó por la diferencia de valoración sobre la calidad de la democracia entre los expertos y la calle: los ruidos del exterior. No hubo una conclusión determinante, aunque se vinculó a la existencia de intermediarios como los medios de comunicación, las redes sociales y una oposición política muy crispada. En el estudio de la Fundación Alternativas se afirma que sigue habiendo un amplio apoyo al sistema democrático español, que este dato es relevante en el contexto de evidentes retrocesos democráticos en países como Hungría y Polonia, que los expertos sitúan a España en el 10% de los países con mayor calidad democrática, pero que a ojos de la población la democracia suspende en la evaluación de su funcionamiento. Parte de esta insatisfacción se origina en las dificultades económicas atravesadas por el país. El punto crítico sobre el que el Gobierno y las instituciones deberían actuar para mejorar los niveles de satisfacción con la democracia en España es, sobre todo, el funcionamiento de la justicia, que recibe la peor evaluación.

Hace unos años, el politólogo norteamericano Philip Tetlock evaluó la opinión sobre los expertos, en general, en un libro titulado El juicio político de los expertos (Capitán Swing). En él se estudiaba por qué los pronósticos de los expertos son a manudo tan deficientes. Durante dos décadas, Tetlock llevó a cabo un registro que incluyó unos 82.000 pronósticos de 284 expertos; las predicciones fueron, en promedio, ligeramente más acertadas que las suposiciones al azar. Pero el mercado de las ideas no elimina a los malos expertos (véase lo sucedido en España con los sondeos) debido a que, en parte, no existe la rendición de cuentas que ellos exigen al mundo de la política.

En el IDE, varios centenares de expertos, muy transversales ideológicamente, auditan la democracia española estudiando 57 ítems y valorándolos de 0 a 10. Las cuatro mayores limitaciones de nuestro país tienen que ver con los problemas de gobernabilidad, especialmente las dificultades para formar Ejecutivo; los conflictos territoriales, con Cataluña al frente; la corrupción, que no acaba de desaparecer aunque mediáticamente haya pasado a segundo plano, al menos de modo coyuntural; y la plena protección de los derechos civiles, con referencias específicas a la continuidad de la ley mordaza. Los aspectos más positivos son la celebración de elecciones limpias, con libertad de voto; el respeto a la libertad religiosa y a la libertad de asociación (a partidos políticos y sindicatos); el ajuste a la legalidad de los funcionarios, y el cumplimiento de las obligaciones europeas del país.

La mayor parte de estos datos y análisis contrasta con el discurso tantas veces catastrofista de la oposición sobre la ilegalidad, el autoritarismo y la autocracia del Gobierno. Lo que no significa que no haya casos que tiren hacia abajo la calificación de la democracia española. Veremos qué sucede en la auditoría de 2023. Mientras tanto, se aprecia un clima de mutuas descalificaciones y una alta desconfianza en los líderes y en sus intermediarios.

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