El PP de Madrid quiere convertir cualquier elección en un referéndum sobre ETA

Barak Obama dijo algo así como que en unas elecciones se decidía entre política y cinismo. Las elecciones son una de las maneras, la principal, que tienen los ciudadanos de participar en los asuntos públicos. Se supone, pues, que en las campañas se habla de eso, de asuntos públicos, en plural, “temas que resultan de interés general y están relacionados con los derechos de las personas y el bienestar colectivo”, según la definición clásica. Pero no siempre es así.

Madrid, por ejemplo, ciudad y Comunidad, tiene un problema desde hace algún tiempo: se pide, mejor dicho, el Partido Popular pide desde hace años a los ciudadanos que voten siempre en referéndum. Sean elecciones locales, autonómicas o generales, se les exige que solo digan sí o no a una cosa: el comunismo o ETA, o la libertad. Nada de asuntos económicos, de gestión de propuestas políticas articuladas. “Vote no” es una característica del PP madrileño que, afortunadamente, no se repetía hasta ahora con la misma fuerza en otras comunidades y en otras ciudades. La aparición de Vox, capaz de capturar parte del voto popular (en Madrid ciudad pasó de 9.843 papeletas en las municipales de 2015 a 124.252 en 2019, y en la Comunidad, de 37.491 en 2015 a 330.660 en 2021), puede explicar, en parte, la estrategia de Isabel Díaz Ayuso, centrada en recuperar el voto que desertó en los últimos años. Lo novedoso es que esa técnica de referéndum ha pasado a ser la estrategia del PP en estas nuevas elecciones en todo el país.

Alberto Núñez Feijóo está pidiendo a sus candidatos, autonómicos y locales, que conviertan sus campañas en referendos sobre ETA y Bildu, quizás porque cree que, si necesita formar coalición con Vox en alcaldías y gobiernos autonómicos, llegará con un lastre a las generales de diciembre. Si queda claro que el PP necesitará incluir a Vox en La Moncloa, es posible que se movilice el socialismo más moderado, bastante desactivado aún hoy día. Está por ver, sin embargo, que esa decisión no termine por fortalecer las candidaturas de extrema derecha y hacer más evidente esa dependencia.

Lo que no se entiende bien es cuál ha sido el objetivo de Bildu. El problema que ha planteado no es legal, sino político. Es cierto que, cumplidas sus condenas, cualquier ciudadano tiene derecho a pretender ser candidato electoral y que todos los partidos democráticos deben reconocer públicamente ese hecho. Pero una cosa es pretender y otra que su partido esté obligado a incluirles en las listas. Si lo ha hecho es porque quería transmitir algún mensaje político. Quizás en Bildu existen problemas internos, una corriente que quiere demostrar que hay continuidad entre el periodo en el que ETA estuvo activa y el periodo en el que ETA ha desaparecido totalmente. Sería la misma corriente que pensaría que a Bildu le conviene un gobierno PP-Vox, bajo el que recuperar una cierta imagen de victimismo. La rectificación posterior, impuesta por el sector de la organización partidario de lo contrario, es decir, de demostrar que no hay continuidad con ETA, no tiene mucho valor, porque la promesa de que esos candidatos no ocuparán sus cargos es absurda: salvo uno de ellos, ninguno está en realidad en posición de ser elegido, dado su lugar en las listas.

En cualquier caso, es obvio que la decisión de Bildu ha sido un elemento aprovechado a gran velocidad por el PP en el diseño de su estrategia electoral. Pero en lugar de centrar su ataque sobre Bildu, como hubiera sido lógico, el PP lo hizo inmediatamente sobre el Gobierno y su presidente, recuperando un lenguaje extremadamente agresivo. La decisión de Pedro Sánchez de entrar con dureza en el campo de batalla planteado por Feijóo puede ser correcta electoralmente, pero hace todavía más complicados los intentos de esquivar el corsé que quiere colocar el PP a la campaña. Es difícil soportar (hasta Cuca Gamarra tenía la cara algo descompuesta) que los dipu­tados populares reiteren a voz en grito sus acusaciones de complicidad con ETA a Rodríguez Zapatero o a Pérez Rubalcaba. Aun así, aceptar el debate político en esos términos es una desgracia que afecta a todos los sectores de la sociedad, incluidos los medios de comunicación, que caen inevitablemente atrapados en ese mismo corsé. Política o cinismo. Todos de cabeza al cinismo.

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