¿Por qué los diputados se empeñan en ser el altavoz de las mentiras de Villarejo y de “sus” periodistas?

“Debe de ser que les va la marcha a la hora de escuchar mentiras, ¿no?”. La demoledora frase del excomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo resume perfectamente el nuevo y lamentable espectáculo que tuvo lugar el pasado miércoles en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Por tercera vez, el excomisario corrupto y chantajista ha comparecido por voluntad de los representantes de los partidos políticos de este país para montar un espectáculo, defenderse y esparcir su inmundicia. El propio Villarejo parecía sorprendido de esa insistencia en facilitarle un altavoz, cuando los diputados ya tienen absolutamente claro que nada de lo que pueda decir tiene la menor credibilidad ni puede ayudar a establecer responsabilidades de ningún tipo. Su tercera comparecencia no ayuda a saber qué sucedió (de eso se tienen que encargar los tribunales), pero sí a desprestigiar aún más un Parlamento que ya tiene sobrados problemas de estima pública.

El mismo Congreso que no es capaz de garantizar el funcionamiento correcto del órgano de gobierno de los jueces —sigue sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial por veto del grupo popular— pasa su tiempo aguantando las gracias de un personaje siniestro que representa algo realmente peligroso: la connivencia de aparatos del Estado para favorecer los intereses políticos de un partido o de un ministro concreto (el extitular de Interior Jorge Fernández Díaz y su equipo) o la puesta de esos aparatos del Estado al servicio de empresarios o banqueros dispuestos a utilizar en su provecho informaciones obtenidas mediante espionaje, chantaje y todo tipo de delitos. Ante los jueces, Villarejo no obtiene rendimiento de sus amenazas ni ventajas de sus espectáculos, como sí lo logra ante el altavoz de una comisión parlamentaria y diputados que, por muy expertos que se crean en interrogatorios, no disponen de los instrumentos necesarios para hacer frente a delincuentes semejantes.

El Parlamento debe exigir, claro que sí, responsabilidades políticas por la existencia de esa red ilegal dentro del aparato del Estado. Si durante años existió una red de vigilancia de políticos (independentistas o no), periodistas, empresarios y altos funcionarios dirigida por comisarios de policía, es imprescindible determinar cuál fue el grado de conocimiento y complicidad de los cargos políticos bajo cuyo mandato se desarrolló semejante espanto. El control parlamentario exige determinar qué autoridades permitieron o encargaron la elaboración de informes políticos y qué engranajes llevaron a la corrupción de un número elevado de funcionarios públicos.

Es saludable también averiguar y demostrar quiénes se prestaron a difundir esos chantajes y acusaciones falsas, pero la fuente para destapar semejantes apoyos en determinados medios de comunicación no puede ser el jefe de los chantajistas. Así no se hace avanzar la lucha contra la corrupción, la profesionalidad de los medios ni el prestigio del Parlamento. Es en los tribunales donde se debe exigir responsabilidades, también a esos medios de comunicación por difundir mentiras a sabiendas y a esos periodistas sinvergüenzas por actuar con semejante deshonestidad. Se supone que los diputados, y los dirigentes de los grupos parlamentarios, tienen otro cometido.

Por ejemplo, va a acabar la legislatura sin que el Parlamento haya encargado a una comisión de expertos un estudio sobre el enorme problema que implica la falta de eficiencia burocrática del Estado, demostrada una y otra vez a lo largo de años, un tema sobre el que los dipu­tados y ministros se atacan y defienden, pero que nunca ha sido objeto en el Congreso de un análisis sereno y profundo que busque posibles mecanismos de mejora. Se acabará la legislatura sin debatir seriamente sobre la ayuda militar a Ucrania o sobre el impacto del cambio climático y las sequías venideras. Los grupos parlamentarios solicitan numerosas veces la comparecencia de ministros y altos funcionarios para que informen sobre temas de su competencia, pero no se utiliza la ocasión para profundizar en el conocimiento de esos temas o para encargar estudios independientes que permitan afrontar esos problemas con un informe compartido de datos, análisis y propuestas, sino que todo se convierte en simples ocasiones de reproches por un lado y autoelogios por el otro. ¿No hay forma de evitar que la Cámara se convierta en un escaparate de agresiones y estupideces donde no se habla de la realidad, sino de escenarios deformados?

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