Autonomía ministerial

La votación del pasado martes, día 7, en el Congreso de los Diputados coloca en una posición muy difícil a la coalición de gobierno, a los ministros implicados y al propio presidente del Gobierno porque, se presente como se presente, el hecho de que miembros del Gabinete voten en contra de un proyecto del Gobierno es algo anómalo, que difícilmente puede dejar de tener consecuencias. En los próximos días, el presidente y los miembros del Gabinete implicados tienen que decidir si ignoran el concepto de gobierno solidario o si toman alguna decisión que recomponga la idea de que un gobierno contrae obligaciones que deben cumplir por entero cada uno de sus miembros.

El Gobierno de coalición PSOE-­Unidas Podemos ha funcionado estos tres años con bastante seriedad y eficacia, si se tienen en cuenta los hechos y se olvidan las manifestaciones públicas de algunos de sus miembros. Por ejemplo, ha presentado cada año nuevos Presupuestos Generales del Estado, que han obtenido el respaldo de la mayoría parlamentaria, lo que supone la mayor demostración de estabilidad política. Conviene recordar que el Gobierno anterior, del PP, presidido por Mariano Rajoy, llegó a prorrogar unos mismos presupuestos durante tres años, incumpliendo una de las obligaciones básicas de un gobierno. Además de los presupuestos, con la coalición PSOE-UP se han aprobado 101 leyes, desde la derogación del despido objetivo por faltas justificadas de asistencia al trabajo, la primera de todas, hasta la llamada ley trans, en vigor desde el pasado día 2.

Ha sido la tramitación, aprobación y posterior reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (del solo sí es sí) la que ha llevado a esta extraña situación y a un cúmulo de anomalías sorprendente. En la tramitación, porque el proyecto de ley fue presentado por el Ministerio de Igualdad, del que es titular Irene Montero, de UP, pero aprobado en Consejo de Ministros, se supone que con el análisis del Ministerio de Justicia, de titularidad socialista, puesto que implicaba una modificación del Código Penal; en su aplicación, porque dio origen a un gran número, indeseado, de reducciones de penas, y en su reforma, porque ha llevado a la mayor de las anomalías políticas: la votación discrepante en el Congreso de los Diputados de varios miembros del Gobierno, sin que se evitara esa situación con decisiones previas: dimisiones o ceses.

Lo ocurrido tiene difícil encaje político. Una vez más, se produce un hecho que se suma a la progresiva banalización de aspectos de la vida institucional de este país. Nada más grave que la decisión del principal partido de la oposición, el PP, de no permitir la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero, sin llegar a ese despropósito, que hoy en día sigue produciendo un daño institucional grave, se van añadiendo decisiones que tampoco se ajustan al normal desempeño institucional.

En el caso de la votación del pasado día 7, ante la total discrepancia entre los dos socios de gobierno y la constatación de que no era posible un voto unánime del Gabinete en el Congreso, cabían tres posibilidades: que el Gobierno no llevara adelante la reforma y dejara que la ley se siguiera aplicando de igual manera, a la espera de los recursos de la Fiscalía; que la ministra más implicada (la de Igualdad) presentara su dimisión antes de la votación (y, quizás, que sus compañeros de grupo se abstuvieran) o que el presidente del Gobierno cesara a la ministra de Igualdad (y sus compañeros de UP se abstuvieran).

La decisión adoptada finalmente fue la más extraña y menos institucional: los dos grupos coaligados votaron en bloque de manera opuesta. La ministra de Igualdad, respaldada por la secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, arrastró el voto negativo de todos sus compañeros (incluidos otros dos miembros del Gabinete, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón). Es posible que ninguna de las dos partes implicadas pensara que las cosas podían llegar donde han llegado, pero lo cierto es que están donde están, en una especie de gobierno con autonomía ministerial. Cuatro miembros del Gobierno han votado en el Congreso en contra de un proyecto del Gobierno, algo insólito, y los dos grupos quieren que lo ocurrido no tenga consecuencias políticas. Imposible.

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